El Gobierno dio de baja un esquema de control que regía desde hace 20 años. La medida busca reducir burocracia y generar mayor dinamismo en la cadena láctea.
El Gobierno nacional oficializó este 12 de junio la eliminación del Registro de Operadores Lácteos, una herramienta de fiscalización que funcionaba desde 2006 para controlar la actividad industrial y comercial del sector. La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 81/2026, impacta sobre toda la cadena láctea y forma parte del proceso de desburocratización impulsado por la administración nacional para reducir regulaciones consideradas obsoletas.
La medida deroga de manera definitiva las resoluciones 109 y 1621, implementadas hace dos décadas por la entonces Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), organismo que había creado el padrón con el objetivo de supervisar a las empresas y personas vinculadas a la industrialización de la leche, sus derivados y subproductos.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que el esquema había quedado sin respaldo legal ni operativo para cumplir con los objetivos para los cuales fue creado. En los fundamentos de la norma se argumenta que la ausencia de un marco normativo actualizado para fiscalizar y sancionar al sector volvió jurídicamente inviable la continuidad del sistema.
Además, se destacó que durante los últimos años el registro funcionó de manera meramente declarativa, sin contar con herramientas efectivas de control, seguimiento o aplicación de sanciones frente a posibles incumplimientos.
Según la cartera agropecuaria, mantener vigente una estructura sin capacidad real de fiscalización representaba una carga administrativa innecesaria y generaba costos operativos para el Estado sin beneficios concretos para la actividad. La eliminación del Registro de Operadores Lácteos se enmarca en la estrategia oficial de simplificar procesos, reducir cargas burocráticas y avanzar en una mayor libertad operativa para las actividades productivas.
Desde el sector privado, algunos actores interpretan la decisión como una señal favorable para mejorar la competitividad y agilizar gestiones administrativas que históricamente demandaban tiempo y recursos. Sin embargo, otros advierten que la reducción de controles comerciales deberá estar acompañada por mecanismos modernos de trazabilidad y transparencia para garantizar un adecuado funcionamiento de la cadena.
La lechería argentina atraviesa un momento de transformación, con desafíos vinculados a costos de producción, inversiones tecnológicas y competitividad exportadora. En este contexto, cualquier modificación regulatoria tiene impacto directo sobre tambos, industrias y operadores comerciales. La eliminación de este histórico registro reabre una discusión recurrente en la agroindustria argentina: cuál debe ser el equilibrio entre los mecanismos de control estatal y la necesidad de facilitar el desarrollo de los negocios.
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Mientras el Gobierno sostiene que la herramienta había perdido utilidad práctica y representaba una carga burocrática innecesaria, el desafío hacia adelante será garantizar que la simplificación administrativa contribuya efectivamente a mejorar la eficiencia de la cadena sin afectar la transparencia comercial. Para una actividad estratégica que genera empleo, valor agregado y exportaciones, el resultado de estas medidas será observado de cerca por productores, industrias y mercados.