YPF apoyó el proyecto de Patricia Bullrich para biocombustibles, pero advirtió que subir el corte de biodiésel más allá del 10% genera riesgos.
YPF apoyó este martes el proyecto de ley de biocombustibles impulsado por Patricia Bullrich durante un plenario de comisiones del Senado, aunque advirtió que elevar el corte obligatorio de biodiésel por encima del 10% no sería viable por limitaciones logísticas y comerciales. La definición es clave porque impacta en el mercado de combustibles, en la agroindustria y en futuras inversiones vinculadas al agregado de valor de la soja y el maíz.
La discusión se dio en el marco del debate de seis iniciativas legislativas que buscan reemplazar el actual esquema regulatorio. Entre ellas sobresale la propuesta de Bullrich, que plantea un régimen de promoción por 15 años y un incremento gradual de las mezclas obligatorias de biocombustibles.
YPF avaló el proyecto, pero puso límites al biodiésel
Durante su exposición, Mauricio Martín, director suplente de YPF y vicepresidente Ejecutivo Midstream & Downstream, sostuvo que la petrolera considera necesario avanzar hacia un nuevo marco regulatorio que incorpore a los refinadores como actores centrales del sistema.
Sin embargo, remarcó que un corte superior al 10% de biodiésel en el gasoil no resulta viable en las condiciones actuales.
«No es una limitación de voluntad, sino en la cadena logística y comercial que debe tenerse en cuenta», afirmó.
El ejecutivo también señaló que existen observaciones vinculadas a la calidad del biodiésel elaborado a base de soja en determinadas circunstancias y pidió contemplar las diferencias regionales en la producción.
Estados Unidos impulsa una revolución silenciosa: los biológicos ya entran por la semilla
Respecto del bioetanol, indicó que YPF no registró reclamos en las zonas donde comercializa combustibles con mezclas más altas, aunque coincidió con la postura de la industria automotriz de mantener un techo del 15%.
Uno de los puntos más sensibles del debate es el efecto sobre los precios. Martín explicó que el actual corte de 7,5% de biodiésel representa alrededor del 4,5% del precio final que paga el consumidor.
Según su análisis, elevar la mezcla al 10% implicaría un incremento cercano a tres puntos porcentuales dentro de la estructura de costos del combustible.
La iniciativa de Bullrich establece que el corte mínimo de biodiésel comenzará en 7,5% y escalará obligatoriamente al 10% un año después de la entrada en vigencia de la ley. En paralelo, el bioetanol arrancará con una mezcla obligatoria del 12% para subir al 15% al cabo de doce meses.
El proyecto también contempla excepciones para regiones frías de la Patagonia, actividades mineras, centrales eléctricas y operaciones en la Antártida.
La propuesta recibió apoyos y cuestionamientos de distintos sectores.
El analista de energías renovables Claudio Molina sostuvo que existe un amplio consenso sobre la necesidad de modificar el régimen actual y cuestionó restricciones vigentes para la participación de grandes empresas agroindustriales en el abastecimiento del mercado local.
Además, rechazó las críticas sobre un eventual costo fiscal de los biocombustibles y aseguró que la postergación de actualizaciones en impuestos a los combustibles implicó para el Estado una pérdida estimada en US$12.000 millones desde fines de 2019.
Por su parte, Federico Pucciarello, CEO de Essential Energy, consideró que el proyecto de Bullrich puede convertirse en una buena base de consenso si incorpora ajustes y mejoras surgidas de otras iniciativas impulsadas por provincias y legisladores.
La Cámara Santafesina de Energías Renovables cuestionó la propuesta al considerar que genera condiciones desiguales para los productores independientes de biodiésel frente a empresas integradas verticalmente y grandes petroleras.
En cambio, entidades como el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Coninagro, Maizar y BioPyme respaldaron la iniciativa al entender que aporta previsibilidad, promueve inversiones y fortalece las economías regionales.
Para estas organizaciones, el proyecto representa una oportunidad para consolidar una política energética federal que impulse el crecimiento productivo y permita a la Argentina aprovechar mejor sus ventajas competitivas en materia agropecuaria y agroindustrial.
La discusión sobre los biocombustibles trasciende el sector energético. Argentina es uno de los principales productores mundiales de soja y maíz, materias primas clave para la elaboración de biodiésel y bioetanol, por lo que cualquier cambio regulatorio tiene efectos directos sobre la cadena agroindustrial.
Mientras el Senado avanza en la búsqueda de consensos, el desafío será encontrar un equilibrio entre la expansión de los biocombustibles, la competitividad de los combustibles líquidos, la atracción de inversiones y el desarrollo de valor agregado en origen, una deuda histórica de la agroindustria argentina.