Un informe reveló que una explotación agrícola de 200 hectáreas en Buenos Aires afronta una carga provincial muy superior a la de Santa Fe y Córdoba.
Valeria Cortés AlvaradoValeria Cortés Alvarado
Un establecimiento agrícola de 200 hectáreas ubicado en la provincia de Buenos Aires puede afrontar hasta $18 millones anuales en impuestos provinciales, mientras que una explotación de características similares paga poco más de $1,2 millones en Santa Fe y alrededor de $1,3 millones en Córdoba, según un informe elaborado por la asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD). El relevamiento, difundido este año, pone sobre la mesa una discusión que trasciende las retenciones nacionales y expone las marcadas diferencias que existen entre provincias en materia de presión fiscal sobre la producción agropecuaria.
Los datos forman parte del primer Informe de Monitoreo Fiscal Subnacional desarrollado por ICD, una organización que trabaja sobre temas vinculados al federalismo fiscal, la competitividad y la transparencia tributaria. El estudio buscó comparar la carga impositiva provincial que enfrentan distintos contribuyentes y detectó que el caso agropecuario presenta algunas de las mayores brechas del país.
El Impuesto Inmobiliario Rural explica gran parte de la diferencia
Para realizar el análisis, la entidad construyó cuatro perfiles representativos de contribuyentes de escala media: una familia tipo, un comercio minorista, una industria metalmecánica y una explotación agrícola de 200 hectáreas. Sobre cada caso se calcularon los tributos provinciales vinculados a Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Automotor y Sellos, sin considerar impuestos nacionales ni tasas municipales.
El resultado más contundente apareció en el sector agropecuario. De acuerdo con el informe, una chacra bonaerense enfrenta una carga tributaria provincial equivalente al 13,1% de sus ingresos anuales, porcentaje que supera ampliamente al observado en otras jurisdicciones.
Un campo bonaerense puede pagar hasta 14 veces más impuestos que uno similar
Dentro de esa estructura, el principal componente es el Impuesto Inmobiliario Rural, que representa aproximadamente el 11,5% de los ingresos del establecimiento. Esto convierte al gravamen sobre la tierra en el factor que más peso tiene sobre el resultado económico del productor.
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La comparación entre provincias muestra diferencias difíciles de ignorar. Mientras Buenos Aires se ubica en el extremo superior de la carga fiscal, establecimientos similares en Santa Fe y Córdoba afrontan niveles considerablemente más bajos. Incluso frente a Mendoza, la presión tributaria bonaerense resulta más de cuatro veces superior.
Según explicó Juan Manuel Pérez Naufel, director ejecutivo de ICD, el problema no radica exclusivamente en las alícuotas. El monto final que termina pagando cada productor está condicionado por una combinación de valuaciones fiscales, coeficientes de actualización, escalas y mecanismos administrativos que varían según cada jurisdicción.
Un costo que impacta sobre inversión y competitividad
El informe advierte que uno de los principales desafíos para el sector es la falta de previsibilidad. Cambios relativamente pequeños en la valuación fiscal de un inmueble rural pueden provocar saltos importantes en la carga tributaria cuando el establecimiento pasa a una categoría superior dentro de las escalas provinciales.
Desde la óptica empresarial, esta situación agrega incertidumbre al momento de planificar inversiones, incorporar tecnología o proyectar expansión productiva. En actividades donde los márgenes están condicionados por factores climáticos, costos de insumos y volatilidad de los mercados internacionales, los tributos provinciales pasan a ocupar un lugar cada vez más relevante en la ecuación económica.
El estudio también pone de relieve una discusión menos visible dentro del debate fiscal argentino. Mientras buena parte de la atención suele concentrarse en los impuestos nacionales, existen diferencias significativas entre provincias que pueden alterar la competitividad relativa de una misma actividad según el lugar donde se desarrolle.
Para ICD, disponer de información comparable sobre las estructuras tributarias provinciales resulta clave para comprender cómo impactan las políticas fiscales sobre la producción, el empleo y las inversiones. La entidad adelantó que continuará ampliando el monitoreo para incorporar más jurisdicciones y profundizar el análisis sobre los efectos económicos de la tributación subnacional.
Los resultados conocidos hasta el momento dejan un dato contundente para el sector agropecuario: dos establecimientos con características productivas similares pueden enfrentar cargas fiscales radicalmente distintas dependiendo de la provincia donde operen, una situación que vuelve a colocar el debate sobre competitividad y federalismo fiscal en el centro de la agenda agroindustrial.