Un fallo judicial reactivó la expectativa del campo. Productores esperan los fundamentos para pedir el fin de una cautelar que limita la producción.
Los productores de Pergamino comenzaron a reorganizarse luego del reciente fallo del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, conocido el 6 de julio, que absolvió a productores, un ingeniero agrónomo y un aplicador en la causa por aplicaciones de fitosanitarios. Ahora esperan los fundamentos de la sentencia, previstos para el 10 de agosto, para solicitar que la Justicia deje sin efecto la medida cautelar que desde 2019 restringe las pulverizaciones en un radio de 1.095 metros alrededor del ejido urbano. La definición es clave porque mantiene unas 6.000 hectáreas con fuertes limitaciones productivas, con impacto económico sobre el agro de una de las principales zonas agrícolas del país.
El reciente pronunciamiento judicial marcó un punto de inflexión para productores, ingenieros agrónomos, abogados y entidades rurales de Pergamino. Convocados por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Aianba), los distintos actores coincidieron en que el escenario cambió tras la absolución de los acusados. Aunque el Tribunal consideró acreditados los daños denunciados por vecinos, concluyó que no existió el nexo causal necesario para atribuir responsabilidades penales individuales a los productores. Ese elemento es ahora el principal argumento que el sector pretende utilizar para impulsar una revisión de la cautelar que consideran desactualizada y sin respaldo técnico vigente.
Durante el encuentro, abogados especializados en derecho ambiental recomendaron esperar la publicación completa de los fundamentos del fallo antes de avanzar con cualquier presentación judicial. El 10 de agosto aparece como una fecha determinante, ya que recién entonces podrán evaluar los argumentos utilizados por el Tribunal y definir la estrategia legal para solicitar el levantamiento de la medida. Según explicó el ingeniero agrónomo Andrés Pereyra, integrante de Aianba, más allá de la prudencia jurídica, el encuentro dejó una señal positiva: «Cambió el ánimo de los productores y hoy existe una mayor predisposición para participar y buscar una solución definitiva».
Además del frente judicial, las instituciones participantes acordaron avanzar en la creación de un espacio permanente de trabajo que reúna a productores, profesionales, agronomías y entidades rurales. La propuesta apunta a conformar un observatorio o consorcio técnico que funcione como ámbito de consulta y mediación frente a eventuales conflictos relacionados con las aplicaciones de fitosanitarios. El objetivo es fortalecer el diálogo con la comunidad, respaldar las decisiones con evidencia científica y demostrar que las aplicaciones actuales cuentan con tecnologías de precisión, protocolos de seguridad y productos autorizados por Senasa, en un contexto donde la comunicación aparece como uno de los principales desafíos del sector.
La medida cautelar fue dictada en septiembre de 2019 por el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás y estableció la prohibición de realizar pulverizaciones terrestres dentro de un radio de 1.095 metros alrededor de las zonas urbanas de Pergamino, además de fijar una restricción de tres kilómetros para las aplicaciones aéreas. La resolución surgió tras una presentación judicial impulsada por la abogada Sabrina Ortiz, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados, quien denunció presuntos impactos sobre la salud derivados de aplicaciones cercanas a barrios de la ciudad. Para los productores, la restricción pudo responder a un contexto de emergencia, pero consideran que hoy existen herramientas tecnológicas y evidencia científica suficientes para revisar una medida que limita el potencial productivo de unas 6.000 hectáreas y afecta la competitividad agropecuaria de la región.