El Gobierno eliminó el INAL y transfirió sus funciones al SENASA. La reforma busca reducir la burocracia, acelerar exportaciones y dar mayor previsibilidad al sector alimentario.
El Gobierno nacional oficializó la reorganización del sistema de control alimentario mediante el Decreto 697/2026, que dispone la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y transfiere sus funciones de registro, control y fiscalización al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La medida fue anunciada este miércoles y busca simplificar los procesos administrativos, fortalecer los controles sanitarios y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino, un aspecto estratégico para las economías regionales y la agroindustria.
El nuevo esquema establece una división de funciones entre los organismos nacionales. Mientras SENASA concentrará todas las tareas operativas de registro, fiscalización e inspección de alimentos, el Ministerio de Salud asumirá la conducción de la política alimentaria nacional, con un enfoque inicial orientado a la reducción de colorantes y saborizantes en alimentos procesados. Según la explicación oficial, el objetivo es aprovechar la infraestructura territorial, los laboratorios y el cuerpo de inspectores que ya posee el SENASA, evitando superposiciones administrativas y mejorando la eficiencia del sistema.
Uno de los principales cambios de la reforma consiste en la centralización de todas las competencias de registro y control en un único organismo, eliminando procedimientos duplicados que hasta ahora compartían el INAL y el SENASA. La normativa también dispone el reconocimiento por equivalencia de certificaciones emitidas por países que aplican el Codex Alimentarius o cuentan con sistemas sanitarios reconocidos, lo que permitirá reducir tiempos y costos para la incorporación de aditivos, ingredientes y otros insumos alimentarios. De esta manera, el Gobierno sostiene que se agilizarán los trámites sin modificar los estándares de protección de la salud pública.
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Además, el decreto crea una Base Única de Datos administrada por el SENASA, donde se concentrarán los registros de productos y establecimientos habilitados. El objetivo es fortalecer la trazabilidad, facilitar la gestión administrativa y brindar mayor transparencia al sistema. A esto se suma la incorporación, por primera vez, de un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino, una medida que apunta a otorgar previsibilidad a empresas, productores e industrias frente a futuras modificaciones regulatorias.
La reorganización también incorpora cambios destinados a impulsar el comercio exterior. Entre ellos se destacan la agilización de las importaciones de alimentos envasados, mediante controles posteriores al ingreso para evitar demoras innecesarias, y un esquema que simplifica las exportaciones, estableciendo que los productos deberán cumplir con los requisitos del país de destino y que las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional. Para el sector agroindustrial, estas modificaciones buscan reducir costos operativos y acelerar el acceso a los mercados externos.
Otro de los ejes del decreto es la armonización de los sistemas de control con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante convenios impulsados por el SENASA para unificar registros, requisitos y procedimientos. En paralelo, el Ministerio de Salud concentrará la definición de las futuras políticas alimentarias sobre la base de evidencia científica, mientras que la Secretaría de Agricultura continuará participando en la actualización del Código Alimentario Argentino. El Gobierno sostiene que esta reorganización permitirá un sistema más moderno, eficiente y previsible, con impacto directo en la competitividad de la industria alimentaria y las exportaciones argentinas.