El sector propone subir al 12,5% el corte obligatorio y cuestiona un proyecto que, asegura, podría cambiar el mapa productivo del biodiésel argentino.
La discusión por la nueva ley de biocombustibles sumó este 18 de agosto un capítulo clave para la agroindustria argentina. Cepreb, la cámara que reúne a las pymes regionales elaboradoras de biodiésel, propuso llevar al 12,5% el corte obligatorio en el gasoil y cuestionó el proyecto impulsado por la senadora Patricia Bullrich. Según la entidad, el esquema oficial podría reducir gradualmente el espacio de los productores independientes y favorecer a las grandes aceiteras integradas. La discusión involucra a 25 plantas instaladas en cinco provincias, alrededor de 9.500 puestos de trabajo y una facturación anual cercana a US$1.000 millones.
El proyecto S-809/26 establece un corte nominal del 10% y una apertura del mercado a la competencia. Las pymes aseguran que coinciden con avanzar hacia un sistema competitivo y dejar atrás el actual mecanismo de precios y cupos regulados, pero cuestionan las condiciones planteadas. El principal punto de conflicto es que empresas regionales que compran el aceite utilizado como materia prima deberían competir con grandes compañías que tienen integrada su producción. Para Cepreb, esa diferencia puede terminar modificando el reparto del mercado interno y concentrando una actividad que hoy tiene presencia industrial en distintas provincias.
Las empresas representadas por la cámara están ubicadas en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis y cuentan con un cupo anualizado conjunto de 873.588 toneladas. Federico Martelli, director ejecutivo de Cepreb, cuestionó con dureza la iniciativa y sostuvo que está diseñada «a medida de las aceiteras y contra las pymes». El planteo empresario apunta a un aspecto sensible para el interior productivo: qué parte del agregado de valor de la soja permanecerá distribuido entre plantas regionales y cuánto podría trasladarse hacia compañías de mayor escala e integración industrial.
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El 12,5% que propone el sector y cómo se repartiría
Uno de los puntos centrales de la controversia es el coprocesamiento permitido a las petroleras. Según el análisis de Cepreb, pese a que el proyecto establece un corte nominal del 10%, las refinadoras podrían computar progresivamente hasta tres puntos porcentuales de combustible renovable producido en sus propias instalaciones. En los hechos, sostiene la cámara, el mercado disponible para los elaboradores independientes podría terminar cerca del 7%. Para las pymes, que dependen del mercado doméstico y deben adquirir el aceite que transforman en biodiésel, esa reducción cambiaría de manera significativa las condiciones del negocio.
También hay diferencias sobre el período de transición. Cepreb interpreta que la participación asegurada para las empresas no integradas pasaría del equivalente al 5% del corte al 4% y luego al 3%, hasta desaparecer al finalizar 2030. A partir de enero de 2031, el mercado quedaría abierto a la competencia. El cuestionamiento no está dirigido a la competencia en sí misma, sino a las condiciones de partida: las pymes consideran que comprar su principal insumo y enfrentar a empresas que producen ese mismo aceite genera una asimetría difícil de compensar únicamente mediante precio.
La alternativa presentada por la cámara propone elevar el corte al 12,5% y dividir el mercado en tres segmentos. Un 5% sería para pymes regionales ubicadas a más de 80 kilómetros de Puerto General San Martín; un 2,5% correspondería a compañías no integradas del polo rosarino; y el 5% restante quedaría abierto a la libre competencia, incluyendo a las grandes aceiteras. En todos los casos habría licitaciones y los precios surgirían de ese mecanismo. La propuesta no busca conservar los actuales cupos y valores fijados por el Estado, sino establecer competencia entre empresas con estructuras productivas comparables.
El porcentaje del 12,5%, además, fue acordado según Cepreb con Casfer y Carbio, representantes de las compañías no integradas y de las grandes aceiteras, respectivamente. Queda entre el 10% previsto por el proyecto oficial y el 15% reclamado por otros sectores. La definición tendrá consecuencias concretas sobre una industria que transforma aceite de soja en energía y genera actividad fuera del núcleo exportador. El debate que llega al Congreso será, en definitiva, sobre el tamaño del mercado y las condiciones con las que pymes, petroleras y grandes aceiteras competirán por él.