El Presidente defendió su programa económico ante la Bolsa de Rosario, pero evitó nuevos anuncios para el agro pese al reclamo por retenciones.
El presidente Javier Milei participó este viernes 21 de agosto del acto por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y volvió a quedar cara a cara con uno de los principales reclamos del campo: terminar con las retenciones. Frente a empresarios y referentes del corazón agroexportador argentino, el mandatario escuchó los planteos del titular de la entidad, Pablo Bortolato, y del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, pero no realizó nuevos anuncios para el sector. La señal importa porque los derechos de exportación continúan siendo una variable decisiva sobre los márgenes, la inversión y la competitividad internacional del agro argentino.
Milei eligió concentrar su exposición en la marcha general de la economía. Según informó la propia Presidencia, defendió el crecimiento de la actividad, analizó la evolución del crédito y la morosidad y rechazó nuevas intervenciones estatales sobre el mercado. El Presidente argumentó que el sistema financiero atraviesa una transformación luego de haber destinado durante años buena parte de sus recursos al financiamiento del Estado y sostuvo que el aumento de la mora debe evaluarse junto con la expansión del crédito privado. Para el agro, sin embargo, quedó pendiente la definición que más esperaba escuchar: cómo y cuándo continuará el alivio de los derechos de exportación.
Retenciones: el costo que el agro volvió a poner sobre la mesa
El reclamo no apareció de manera sorpresiva. En los días previos al aniversario, Bortolato ya había señalado que la BCR insistiría con la baja de retenciones y con mejoras en la infraestructura vial y ferroviaria, dos factores que impactan directamente sobre el costo de sacar una tonelada de granos desde el interior hacia los puertos. El planteo tiene un peso particular en Rosario: desde su complejo portuario se articula buena parte del negocio exportador de granos, aceites y subproductos que genera dólares para la economía argentina. La propia Bolsa viene mostrando además un escenario productivo dinámico: informó recientemente que julio marcó un máximo histórico para las exportaciones argentinas de maíz.
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Pullaro fue todavía más explícito. El gobernador sostuvo que el 94% de los impuestos que pagan los productores santafesinos son nacionales y reclamó avanzar en el Congreso con una ley que termine con los derechos de exportación. Su argumento fue directamente productivo: «necesitamos ser competitivos». Al mismo tiempo, contrapuso esa carga nacional con la política tributaria provincial y afirmó que el campo y el 70% de la industria santafesina pagan 0% de Ingresos Brutos. También aseguró que Santa Fe destinó US$ 2.300 millones a infraestructura durante los últimos 30 meses, una inversión que presentó como condición necesaria para fortalecer al entramado productivo y exportador.
La discusión ocurre, de todos modos, después de algunas señales oficiales de reducción de la carga. En diciembre de 2025, el Gobierno había establecido una baja permanente que llevó la retención de la soja del 26% al 24%, la de sus subproductos del 24,5% al 22,5% y la del maíz y sorgo del 9,5% al 8,5%. Para trigo y cebada la alícuota había quedado en 7,5%, mientras que girasol bajó a 4,5%. Luego, en junio de este año, el Ejecutivo dispuso otros dos puntos de reducción para trigo y cebada y definió un cronograma gradual para soja, maíz, girasol, sorgo y derivados entre 2027 y 2028. El mensaje oficial es que el rumbo apunta a eliminar los DEX, aunque el campo pretende mayor velocidad.
La pulseada económica que queda después de Rosario
Ahí aparece el verdadero debate que dejó la visita presidencial. Para el Gobierno, la baja de impuestos debe avanzar sin comprometer el equilibrio fiscal y acompañando la estabilización macroeconómica; para buena parte de la producción, cada campaña que transcurre con retenciones significa capital que no vuelve íntegramente al negocio. La discusión excede a la soja: alcanza decisiones de fertilización, tecnología, alquileres, rotaciones y agregado de valor. También condiciona la capacidad argentina para competir con productores de Brasil, Paraguay o Uruguay, donde la estructura tributaria sobre las exportaciones agrícolas es diferente y obliga a nuestro país a buscar productividad adicional para compensar costos internos.
La paradoja es que el Gobierno ya mostró que está dispuesto a desarmar derechos de exportación en otros sectores. Desde julio comenzó una reducción progresiva de los DEX industriales que culminará con su eliminación en junio de 2027, mientras diferentes productos ya pasaron a una alícuota cero. En el agro, en cambio, el proceso es más gradual debido al peso fiscal de las cadenas exportadoras. El propio Ejecutivo sostiene que la agroindustria representa cerca del 60% de las exportaciones argentinas, una dimensión que explica tanto su relevancia para conseguir divisas como la dificultad del Tesoro para resignar rápidamente esa fuente de ingresos.
Rosario dejó así una fotografía política y económica bastante nítida: Milei conserva un diálogo fluido con buena parte del sector productivo, pero el campo quiere que esa sintonía se traduzca más rápido en competitividad concreta. La eliminación gradual anunciada representa un cambio respecto de años anteriores, aunque productores y entidades siguen mirando el calendario. En una Argentina que necesita producir más, exportar más y recuperar mercados frente al avance de Brasil y otros competidores, la discusión ya no pasa solamente por si las retenciones deben bajar, sino por a qué velocidad pueden desaparecer sin desarmar el programa fiscal que el Gobierno coloca en el centro de su estrategia económica.