El Senado debate las reglas para el mercado de carbono: Argentina busca atraer inversiones y recuperar terreno frente a sus competidores regionales.
Argentina puso esta semana en el Senado una discusión que puede definir su capacidad para captar inversiones vinculadas a los mercados de carbono, cuando la Mesa Argentina de Carbono (MAC) presentó tres condiciones que considera esenciales para una futura legislación. El debate importa porque el país ya cuenta con más de 40 iniciativas en implementación y ese número podría duplicarse en el corto plazo, pero todavía corre desde atrás frente a Paraguay, Chile, Perú, Brasil, Colombia y México. Sin previsibilidad jurídica y acceso competitivo al mercado internacional, parte del capital disponible podría terminar cruzando la frontera.
El planteo ocurrió durante una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda. Allí, especialistas y representantes empresarios analizaron diferentes iniciativas destinadas a ordenar una actividad que combina ambiente, producción y negocios. La MAC, que agrupa a más de 50 empresas y organizaciones de la cadena, respaldó que el Congreso avance hacia una legislación específica. Para su coordinador general, Juan Pedro Cano, la Argentina no necesita inventar el negocio, sino resolver incertidumbres que hoy pueden demorar proyectos y decisiones de inversión de largo plazo.
El primer punto reclamado por la entidad es determinar quién es el propietario de los créditos de carbono generados por cada proyecto. La propuesta consiste en reconocer la titularidad al dueño del bien sobre el cual se desarrolla la iniciativa o a quien haya recibido esos derechos mediante un contrato. El segundo aspecto es establecer su naturaleza jurídica: para la MAC, el crédito debería ser considerado un bien inmaterial de carácter patrimonial, fruto del proyecto que lo genera. La definición no es menor: puede brindar certezas sobre cuestiones impositivas, administrativas y comerciales y reducir riesgos para productores, empresas e inversores.
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La tercera condición apunta directamente al negocio externo. La MAC propone establecer un mecanismo gubernamental de autorización y ajuste que facilite el ingreso de proyectos argentinos a los mercados internacionales, incluyendo porcentajes mínimos de autorización. Cano sintetizó la posición con una frase contundente: «No se necesita más que esto». El mensaje hacia el Congreso es que una regulación extensa o excesivamente restrictiva podría generar el efecto contrario al buscado. En una actividad donde los capitales comparan jurisdicciones, costos y seguridad contractual, cada nueva barrera puede convertirse en una ventaja competitiva para Brasil, Paraguay, Chile u otros destinos de la región.
Argentina corre contra el reloj por un negocio global
La discusión trasciende el ambiente. Los mercados de carbono comienzan a funcionar como una nueva variable de competitividad para el agro y otras actividades productivas, porque permiten transformar reducciones o capturas verificables de emisiones en activos comercializables. Argentina dispone de superficie, sistemas productivos, conocimiento técnico y recursos naturales capaces de sostener proyectos de escala. Pero tener potencial no garantiza inversiones: los capitales también observan estabilidad normativa, seguridad jurídica, trazabilidad y capacidad para comercializar los créditos obtenidos. Es allí donde la brecha con algunos competidores latinoamericanos empieza a pesar.
Para el agro argentino, además, el desafío llega en un escenario atravesado por retenciones, costos logísticos y una histórica discusión sobre el agregado de valor. El carbono podría convertirse en una nueva fuente de ingresos asociada a la producción y la sustentabilidad, siempre que las reglas permitan desarrollar proyectos económicamente viables. La oportunidad alcanza a iniciativas agrícolas, ganaderas, forestales y de conservación, entre otras. Y tiene una dimensión territorial: según la MAC, un mercado dinámico podría movilizar inversiones, empleo y actividad económica mientras genera impactos ambientales y sociales positivos en distintas regiones productivas del país.
La competencia regional obliga a mirar más allá de nuestras fronteras. Países latinoamericanos avanzaron con diferentes instrumentos para ordenar sus mercados mientras Argentina todavía busca consolidar su esquema. En ese tablero, el riesgo es que los proyectos elijan aquellas jurisdicciones donde resulta más sencillo proyectar inversiones, contratos y retornos. La MAC también integra Red Carbono LATAM, que reúne actores de siete países, una señal de que la carrera por captar capital ya tiene escala regional. Para Argentina, la cuestión será cómo regular sin generar una estructura que termine quitándole competitividad frente a sus propios socios y competidores.
El mercado internacional, además, eleva las exigencias sobre trazabilidad, integridad ambiental y calidad de los créditos. Eso puede representar una barrera, pero también una oportunidad para un país con una agroindustria tecnificada y capacidad profesional. La posibilidad de monetizar mejoras ambientales puede sumar una nueva capa de valor a la producción argentina, aunque dependerá de que exista confianza sobre la propiedad de los créditos, su tratamiento jurídico y las condiciones para venderlos al exterior. La discusión regulatoria, por eso, termina conectándose con una pregunta conocida para el campo: cuánto del potencial productivo puede convertirse efectivamente en negocios.
La futura ley tendrá que encontrar un equilibrio delicado. El Estado necesita garantizar transparencia e integridad ambiental, pero sin construir una burocracia que vuelva inviables las inversiones. Para la Mesa Argentina de Carbono, la prioridad pasa por establecer pocas definiciones, pero suficientemente claras para reducir incertidumbre. Argentina ya tiene recursos, proyectos y conocimiento; lo que está en juego es si puede transformarlos en una ventaja económica antes que sus competidores. En un mercado global donde el carbono adquiere valor y América Latina disputa capitales verdes, llegar tarde también tiene un costo: inversiones, empleo y oportunidades productivas que pueden terminar desarrollándose del otro lado de la frontera.