Londres endureció su posición sobre Malvinas mientras Argentina avanza con sanciones por el petróleo y crece la disputa por los recursos del Atlántico Sur.
Burnham sostuvo que Londres continuará respaldando la decisión de los habitantes de las islas de permanecer vinculados al Reino Unido, posición que el gobierno británico fundamenta, entre otros antecedentes, en el referéndum realizado en 2013. Argentina rechaza ese argumento y mantiene su reclamo de soberanía, reconocido constitucionalmente como permanente e irrenunciable. La nueva tensión, sin embargo, ya excede la discusión diplomática: el avance de proyectos petroleros offshore está convirtiendo a los recursos económicos que rodean Malvinas en uno de los puntos centrales de la disputa.
El Gobierno argentino dio esta semana varios pasos en esa dirección. El 8 de septiembre anunció procedimientos sancionatorios contra 15 personas humanas y jurídicas adicionales, que se suman a otros 45 casos iniciados previamente por presuntas actividades hidrocarburíferas contrarias a la Ley 26.659. Un día antes, Cancillería había avanzado con una denuncia penal contra compañías vinculadas a licencias de exploración o explotación en la Cuenca Malvinas Norte. La legislación argentina contempla, tras el correspondiente procedimiento, inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incumplan las prohibiciones establecidas.
Petróleo y pesca: los recursos que vuelven estratégico al Atlántico Sur
El nombre que concentra buena parte de la atención es Sea Lion, el proyecto petrolero offshore ubicado al norte de las islas. Rockhopper Exploration informó en junio que la Fase 1 ya había sido sancionada y que el objetivo es alcanzar el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028. La compañía reportó además 110 millones de barriles de reservas 2P netas correspondientes a su participación y otros 211 millones de barriles de recursos contingentes 2C netos. El financiamiento de deuda previsto para la primera etapa alcanza US$1.000 millones, de los cuales US$350 millones corresponden a Rockhopper.
El Gobierno argentino considera que el desarrollo de Sea Lion avanza sin autorización nacional y respondió con el Decreto 868/2026, además de impulsar nuevas herramientas legales y sancionatorias. La normativa argentina sostiene que la explotación de recursos naturales no renovables en los espacios marítimos reclamados por el país afecta intereses estratégicos nacionales. La disputa adquiere así una dimensión empresarial concreta: las decisiones que adopten compañías petroleras, accionistas, proveedores y prestadores de servicios pueden determinar su posibilidad de operar o invertir posteriormente en territorio argentino, incluido el amplio mercado energético nacional.
Pero el petróleo representa solamente una parte del valor económico del Atlántico Sur. La pesca constituye actualmente la actividad dominante de la economía de las islas. Documentos publicados por la administración isleña indican que pesca y acuicultura representaron alrededor del 58% del producto económico en 2024. Los ingresos dependen especialmente de dos especies de calamar y de la merluza negra, mientras las capturas totales de las diferentes pesquerías promedian aproximadamente 200.000 toneladas anuales, según información del departamento local de recursos naturales.
La magnitud económica aparece también en las licencias. Los presupuestos publicados por la administración de las islas proyectaban alrededor de £36,1 millones anuales solamente por derechos de licencias pesqueras para 2025/26 y 2026/27. Otro informe económico señala que la pesca llegó a generar cerca del 40% de los ingresos gubernamentales isleños. Calamar, merluza negra y otras especies convierten así al recurso marítimo en una fuente fundamental de divisas y explican por qué la discusión sobre Malvinas también involucra el control económico de una extensa zona del Atlántico Sur.
La combinación de hidrocarburos, pesca y posición geoestratégica modifica el escenario. Argentina sostiene que cualquier explotación de esos recursos requiere su autorización y viene endureciendo las consecuencias para quienes participen de esas actividades, mientras Londres reafirma su posición y el respaldo a los habitantes de las islas. Sea Lion agrega ahora un componente económico de largo plazo: si logra comenzar a producir en 2028 como proyectan sus desarrolladores, el petróleo pasará de ser una expectativa exploratoria a convertirse en una actividad productiva concreta en una zona cuya soberanía permanece disputada.
Para Argentina, por lo tanto, la nueva escalada tiene implicancias que van mucho más allá de una declaración diplomática. Los recursos naturales del Atlántico Sur vuelven a quedar en el centro de una disputa histórica, pero esta vez con proyectos petroleros avanzando, nuevas inversiones comprometidas y una industria pesquera que ya mueve decenas de millones de libras cada año. La confrontación política entre Buenos Aires y Londres entra así en una etapa donde soberanía y economía están cada vez más entrelazadas, y donde las decisiones que se adopten hoy podrían definir quién explota y captura el valor de esos recursos durante las próximas décadas.