El descalce del IVA inmovilizó capital equivalente al 7% del gasto agrícola. Con el Presupuesto 2027 en debate, el sector reclama cambios tributarios.
El agro puso este martes 15 de septiembre un número sobre la mesa justo cuando el Gobierno de Javier Milei presenta el Presupuesto 2027 en Diputados: la agricultura extensiva habría cerrado la campaña 2025/26 con unos US$ 770 millones inmovilizados por saldos de IVA, según estimaciones presentadas en una jornada de la Fundación Barbechando con legisladores. El monto equivale al 7% del gasto de implantación y desarrollo de los cultivos y convierte una discusión tributaria habitualmente técnica en un problema concreto de capital de trabajo, financiamiento y competitividad para las empresas agropecuarias.
El origen del problema está en un descalce estructural. Los productores compran buena parte de sus insumos con una alícuota de IVA del 21%, pero comercializan los granos con una tasa diferencial del 10,5%. Esa brecha puede generar créditos fiscales que se acumulan sin poder compensarse inmediatamente. A esto se suman la estacionalidad propia de las cosechas y las inversiones en bienes de capital. En la práctica, una porción del dinero de la empresa queda contabilizada como crédito fiscal, pero no está disponible para comprar insumos, financiar una nueva campaña o realizar inversiones productivas.
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Un costo escondido que ya representa US$ 36.500 por hectárea
La dimensión del fenómeno aparece con mayor claridad cuando se baja el cálculo al lote. El tributarista Mariano Echegaray Ferrer presentó datos de un estudio de CREA según los cuales el saldo técnico de IVA alcanzó un promedio de $36.500 por hectárea. El gráfico incluido en la presentación también exhibe fuertes diferencias regionales y productivas: mientras agricultura aparece con el mayor saldo promedio entre las actividades relevadas, ganadería, lechería y ovinos muestran valores inferiores. Es una señal de que el costo financiero del impuesto no impacta de manera uniforme sobre todas las empresas.
Saldo técnico de IVA: cuánto capital queda inmovilizado
| Indicador | Valor | Impacto |
|---|---|---|
| Agricultura | $38.300/ha | Mayor saldo entre actividades relevadas |
| Ganadería | $33.300/ha | Menor que agricultura |
| Lechería | $32.100/ha | Por debajo del promedio CREA |
| Ovinos | $18.200/ha | Menor saldo de las actividades |
| Promedio CREA | $36.500/ha | Referencia general del relevamiento |
| Fuente: SEA-CREA. Presentación de Mariano Echegaray Ferrer. |
El problema no termina en el saldo técnico. En cada operación de venta de granos, los compradores pueden retener entre el 5% y el 8% del IVA, de acuerdo con el nivel de riesgo fiscal asignado en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Según la información presentada, el reintegro de esos fondos demora habitualmente unos 75 días. En una actividad con elevados requerimientos de capital y ventanas precisas para comprar fertilizantes, semillas, fitosanitarios o combustible, ese plazo transforma una cuestión administrativa en costo financiero: el productor debe reemplazar con recursos propios o crédito dinero que ya generó su explotación.
La discusión adquiere otra escala al compararla con el esfuerzo fiscal destinado a las devoluciones vinculadas con maquinaria. En 2019, la partida presupuestaria correspondiente era de $15.000 millones, equivalentes entonces a US$ 394 millones. Para 2026 se duplicó nominalmente hasta $30.000 millones, pero su equivalente informado cayó a apenas US$ 21 millones. Echegaray Ferrer contrastó esa cifra con una inversión en maquinaria agrícola de $1,381 billones durante el primer semestre de 2026 y sostuvo que los recursos asignados no alcanzarían a cubrir ni el 20% de la inmovilización de saldos de IVA asociada a ese universo.
El Presupuesto 2027 abre una discusión que va más allá de las retenciones
El planteo introduce un elemento menos visible en el debate sobre la presión tributaria agropecuaria. Las retenciones concentran buena parte de la discusión política por su impacto directo sobre el precio recibido por el productor, pero los saldos fiscales inmovilizados también afectan la rentabilidad al quitar liquidez y generar necesidades adicionales de financiamiento. Durante el encuentro se citaron además datos de FADA según los cuales el sector agropecuario destinó el 62% de su renta al pago de impuestos. Esa referencia corresponde a la medición presentada en la jornada y debe distinguirse del cálculo específico de US$ 770 millones realizado para los saldos de IVA.
Frente a esa situación, una de las alternativas planteadas fue transformar el saldo técnico de IVA en un bono que pueda utilizarse como garantía para acceder al crédito. La propuesta no elimina por sí misma el descalce entre las alícuotas, pero apunta a convertir un activo fiscal hoy inmovilizado en una herramienta financiera para las empresas. Barbechando llevó además a los legisladores un planteo más amplio: avanzar hacia una reforma impositiva integral para el sector agropecuario y colocar estos mecanismos dentro de la discusión parlamentaria vinculada con el Presupuesto 2027.
El número que queda detrás del debate es difícil de soslayar: US$ 770 millones equivalen al 7% del gasto necesario para implantar y desarrollar los cultivos de una campaña. En un negocio donde el capital debe volver rápidamente al circuito para financiar la próxima siembra, la discusión no pasa solamente por cuánto paga el productor en impuestos, sino también por cuánto dinero queda inmovilizado, durante cuánto tiempo y qué costo financiero genera hasta recuperarlo. El tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso abre ahora una oportunidad para saber si ese reclamo logra traducirse en algún cambio concreto.