Daniel Neira dejó el Enacom el 31 de julio y su designación en el INTA tuvo efecto desde el 1° de agosto. Ahora el Consejo Directivo analiza el caso.
El Consejo Directivo del INTA analiza revisar la designación de Daniel Alfredo Neira, un contador proveniente del Enacom cuya incorporación al organismo agropecuario quedó establecida con efecto desde el 1° de agosto de 2026, exactamente un día después de su desvinculación del ente de comunicaciones. Según documentación obtenida por LA NACION, medio que reveló el caso, Neira recibió al salir una liquidación final neta de $109.781.999,73.
La secuencia es el dato que coloca la contratación bajo análisis. El Enacom resolvió prescindir de sus servicios desde el 31 de julio y la designación transitoria en el INTA comenzó a regir desde el día siguiente. Poco más de un mes después, el 3 de septiembre, el Consejo Directivo formalizó el nombramiento por 180 días.
El episodio se conoce, además, mientras el INTA atraviesa un proceso de reducción de su dotación y después de haber puesto en marcha durante 2026 un nuevo régimen de retiros voluntarios. La incorporación de un gerente proveniente de otro organismo estatal, inmediatamente después de una desvinculación que generó una liquidación cercana a $110 millones, abrió preguntas dentro del propio Consejo sobre la información con la que se aprobó el nombramiento.
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De una liquidación de $109,8 millones a un cargo en el INTA
De acuerdo con los documentos obtenidos por LA NACION, el Enacom notificó a Neira la extinción de su contratación en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo a partir del 31 de julio. La liquidación consignó $73.067.618,10 por indemnización por antigüedad, $9.742.349,08 por preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas, entre otros conceptos. El monto líquido informado fue de $109.781.999,73.
No hubo, al menos en las fechas administrativas conocidas, un día libre entre una función y otra.
La Resolución 296/2026 del Consejo Directivo del INTA, citada por LA NACION, formalizó a Neira como gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio, dependiente de la Dirección General de Administración (DGA). Se trató de una designación transitoria por 180 días, con posibilidad de prórroga mientras no se concretara el procedimiento de selección correspondiente.
Aunque la resolución fue aprobada el 3 de septiembre, el nombramiento tuvo efecto desde el 1° de agosto. Es decir, desde el día inmediatamente posterior a su salida del Enacom.
Según reconstruyó LA NACION, el currículum de Neira llegó al Consejo Directivo a pedido de la DGA. Consejeros consultados por ese medio sostuvieron que conocían su experiencia laboral en el Enacom, pero no las condiciones de su desvinculación ni que había recibido una indemnización.
Uno de ellos anticipó al diario que la aprobación podría ser revisada y que esperaban la intervención del área jurídica para determinar cómo proceder.
Ese punto es relevante para delimitar qué está comprobado y qué todavía no. La sucesión entre la desvinculación del Enacom y el ingreso al INTA está documentada, pero no hay elementos suficientes para afirmar que el cobro de la indemnización y la posterior contratación constituyan, por sí mismos, una incompatibilidad legal.
La contratación aparece en pleno ajuste de personal del INTA
El contexto interno del instituto agrega una dimensión al episodio. El 30 de abril de 2026, el Consejo Directivo aprobó mediante la Resolución 144/2026 un Sistema de Retiro Voluntario destinado al personal de planta permanente, enmarcado expresamente en el proceso de reestructuración del Estado nacional.
La Dirección General de Administración tuvo un papel central en ese esquema. La normativa oficial muestra que el Consejo le había encargado elaborar el programa y posteriormente le delegó la emisión de los actos administrativos relacionados con las solicitudes de adhesión. Es la misma área que, según las fuentes citadas por LA NACION, posteriormente promovió la incorporación de Neira.
El retiro voluntario incluía una restricción importante: quienes adhirieran no podrían volver a incorporarse o prestar servicios en el Sector Público Nacional durante cinco años desde su baja, bajo distintas modalidades de contratación.
Pero esa disposición no puede trasladarse automáticamente al caso Neira. Él no salió del INTA mediante el retiro voluntario: fue desvinculado del Enacom con una indemnización. Determinar si existe alguna otra norma que limite su reingreso inmediato al Estado requiere un análisis jurídico específico.
Ahí está uno de los interrogantes que deberá resolver el instituto: no sólo si el nombramiento cumplió con los requisitos administrativos, sino qué información debía conocer el Consejo Directivo antes de aprobar una contratación de estas características.
Quién es Daniel Neira y qué deberá resolver ahora el INTA
Los registros públicos muestran que la trayectoria de Neira dentro del Estado lleva más de una década. En septiembre de 2011 aparece designado transitoriamente en la planta permanente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
También figura en documentación oficial de 2014 de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones, donde ocupaba funciones vinculadas con Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio. Una investigación administrativa de aquel período lo incluyó inicialmente en un expediente relacionado con bienes depositados, pero la resolución correspondiente terminó eximiéndolo de responsabilidad disciplinaria.
El episodio actual plantea una cuestión diferente. No se discute en los documentos conocidos su formación profesional, sino cómo se produjo el movimiento entre dos organismos estatales y qué información tuvo disponible el INTA al momento de aprobarlo.
La cronología concentra el problema: 31 de julio, salida del Enacom; 1° de agosto, comienzo de funciones en el INTA; 3 de septiembre, formalización del nombramiento por el Consejo Directivo. En el medio quedó una liquidación final neta de casi $110 millones.
Ahora el próximo movimiento corresponde al propio INTA. El Consejo deberá decidir si mantiene o revisa la designación y, en este último caso, bajo qué fundamento. También resta conocer la posición oficial del instituto y de Neira, que, según informó LA NACION, no habían respondido las consultas realizadas antes de la publicación de la investigación.