Cartez pidió un criterio único en Córdoba y reclamó a la Legislatura eliminar los cargos municipales que afectan el traslado de hacienda.
La discusión por las tasas municipales volvió a encenderse este 16 de septiembre en Córdoba. La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) reclamó que la provincia establezca una solución uniforme para terminar con los cargos que municipios y comunas aplican sobre las guías de traslado de animales. El planteo importa especialmente para la ganadería de cría y engorde porque, según la entidad, los productores afrontan costos diferentes dependiendo de dónde esté ubicado su establecimiento, aun cuando la gestión sanitaria y documental se encuentra centralizada principalmente en el Senasa.
Para Cartez, el punto central de la controversia no pasa solamente por cuánto dinero representa el cargo, sino por qué servicio recibe el productor a cambio del pago. La organización rural cuestionó que numerosos gobiernos locales intervengan en el visado o conformado de la documentación y cobren tasas pese a que el procedimiento de traslado está concentrado en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Desde esa perspectiva, la entidad sostiene que no existiría una contraprestación municipal efectiva que justifique trasladar ese costo específicamente al sector ganadero.
La discusión también expone la tensión entre las necesidades fiscales municipales y la competitividad de las actividades productivas. Según señaló Cartez, algunos intendentes y jefes comunales argumentan que los recursos obtenidos permiten afrontar gastos como la renovación del parque automotor o la caída de ingresos por coparticipación. La entidad admitió que esas necesidades pueden resultar atendibles, aunque rechazó que constituyan una razón suficiente para cargar el financiamiento sobre productores que movilizan hacienda. El reclamo se suma así al debate más amplio que mantiene el agro argentino sobre tasas, presión tributaria y costos asociados a producir y comercializar.
Un mismo productor, costos diferentes según el municipio
Uno de los principales cuestionamientos de Cartez es la falta de uniformidad dentro de Córdoba. Hay municipios y comunas que ya modificaron o eliminaron estos cobros, mientras que en otras jurisdicciones continúan vigentes. Incluso existen casos en los que participan sociedades rurales que, según informó la confederación, comparten con los gobiernos locales parte de lo recaudado. El resultado es un mapa heterogéneo: establecimientos dedicados a una actividad semejante pueden terminar enfrentando costos administrativos distintos únicamente por su ubicación geográfica. Para la entidad, esta disparidad vuelve indispensable establecer un criterio general para todo el territorio provincial.
Cartez también puso bajo discusión el argumento de que estos cargos funcionarían como un impuesto delegado por la Provincia. La organización pidió revisar las normas que habilitan la participación de municipios y comunas en el visado y conformado de los documentos necesarios para movilizar animales. En respaldo de su posición, mencionó además un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, según interpretó la entidad rural, reafirma la improcedencia de cobrar tasas cuando no existe una contraprestación efectiva. El planteo busca, de esta manera, llevar una discusión que hasta ahora presenta respuestas locales hacia una definición legislativa de alcance provincial.
La presión ahora pasa a la Legislatura de Córdoba
Con ese escenario, la entidad rural reclamó que la Legislatura provincial avance «sin demora» con dos proyectos de ley impulsados por los legisladores Oscar Agost Carreño y Matías Gvozdenovich. También pidió que Mariano Ceballos, presidente de la Comisión de Agricultura, convoque una reunión para analizar las iniciativas y permita la participación institucional de Cartez. La organización pretende que los productores puedan exponer directamente cómo repercuten estos cargos sobre la actividad y que el debate desemboque en una regla común, evitando que la decisión de cada municipio determine cuánto cuesta trasladar hacienda dentro de una misma provincia.
El conflicto cordobés vuelve a poner sobre la mesa un problema que excede el valor individual de una tasa: la acumulación de costos y regulaciones que enfrenta la producción agropecuaria argentina. Para una ganadería que necesita mover animales entre establecimientos, remates, feedlots y frigoríficos, cada trámite puede convertirse en un componente adicional de la estructura de costos. El reclamo de Cartez apunta, por eso, a que Córdoba defina reglas homogéneas y elimine diferencias territoriales. Ahora será la Legislatura la que deberá discutir si las iniciativas presentadas avanzan y qué margen conservarán los municipios para intervenir y cobrar por la documentación vinculada al traslado de hacienda.