Productores entrerrianos cuestionaron la respuesta judicial ante los delitos rurales y exigieron más tecnología para reforzar la seguridad en los campos.
Productores agropecuarios y dirigentes de entidades rurales de Entre Ríos reclamaron esta semana medidas urgentes para enfrentar el crecimiento de los delitos y las violaciones a la propiedad privada en establecimientos rurales. El planteo se realizó durante una asamblea desarrollada en el Establecimiento Yola, en cercanías de Sir Leonard, departamento La Paz, y adquiere relevancia porque el sector no sólo cuestionó la respuesta judicial ante las denuncias, sino que también pidió incorporar tecnología específica para reforzar la prevención. Entre las principales demandas aparecen drones térmicos, miras nocturnas y cámaras de vigilancia para zonas productivas.
El campo apunta a la Justicia y pide más tecnología para la Policía Rural
La convocatoria reunió a productores y representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), además de autoridades policiales. De acuerdo con el planteo difundido por la dirigencia rural entrerriana y recogido inicialmente por medios provinciales como Análisis Digital y El Entre Ríos, el reclamo alcanza especialmente a las áreas productivas próximas a Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay, donde existe preocupación por la reiteración de episodios delictivos y por las dificultades para obtener respuestas judiciales consideradas efectivas.
Uno de los puntos más duros del documento está dirigido justamente al funcionamiento de la Justicia. Los productores reclamaron que los funcionarios judiciales investiguen las denuncias, impulsen los procesos en tiempo y forma y adopten medidas que permitan identificar y condenar a los responsables. La preocupación excede así la prevención policial: para las entidades, contar con patrullajes no resulta suficiente si las denuncias acumuladas no derivan posteriormente en avances procesales. El petitorio llegó incluso a advertir sobre una sensación de ausencia del Estado de derecho en las zonas rurales, una definición que refleja el malestar alcanzado entre los productores.
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Al mismo tiempo, los asistentes reconocieron el trabajo que realiza la Policía Rural entrerriana, pero plantearon que los destacamentos necesitan mejores herramientas para operar en territorios extensos y durante la noche. Por eso solicitaron drones equipados con cámaras térmicas y miras nocturnas, recursos que permitirían ampliar la capacidad de vigilancia y seguimiento en los campos. Otra de las propuestas centrales consiste en instalar cámaras de seguridad sobre rutas, caminos rurales y accesos estratégicos, conectadas con un centro policial de monitoreo para detectar movimientos sospechosos y acelerar la respuesta frente a robos u otros delitos.
Un reclamo que vuelve a poner la seguridad rural en la agenda agropecuaria
La inseguridad en los campos tiene una particularidad que complica la prevención: grandes distancias, caminos secundarios, baja densidad poblacional y establecimientos alejados de los centros urbanos. En ese escenario, el pedido de los productores entrerrianos busca avanzar hacia un esquema de vigilancia apoyado en tecnología, pero también en una mayor coordinación entre Policía, Justicia y entidades agropecuarias. La discusión resulta especialmente sensible para el sector porque los delitos no sólo implican pérdidas patrimoniales: también pueden afectar la actividad productiva, generar mayores costos operativos y modificar las rutinas de quienes trabajan y viven permanentemente en los establecimientos rurales.
El petitorio fue acompañado por dirigentes de las principales entidades que participaron del encuentro. Entre ellos aparecen Matías Martiarena, Sebastián Klug y Marcelo Schreiner, por Federación Agraria; Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, por Sociedad Rural Argentina; y Maximiliano Müller, por FARER, además del respaldo de productores presentes en la asamblea. Las organizaciones adelantaron que seguirán de cerca las respuestas de las autoridades y el cumplimiento de los compromisos asumidos. El planteo deja así una advertencia concreta: el campo entrerriano reclama que la seguridad rural deje de depender únicamente del patrullaje y se transforme en una política sostenida de prevención, investigación y respuesta judicial.