La reforma de biocombustibles abrió una disputa por el mercado interno. Las pymes alertan por el empleo y las aceiteras buscan acelerar su aprobación.
La nueva ley de biocombustibles abrió este martes 20 de octubre una disputa en la Cámara de Diputados entre las pymes productoras de biodiésel y las grandes aceiteras. Durante el debate legislativo, las empresas regionales reclamaron elevar al 12,5% la mezcla obligatoria con gasoil, mientras que la industria exportadora defendió el proyecto aprobado por el Senado. La discusión es estratégica para la agroindustria argentina: definirá cómo se distribuirá un mercado que agrega valor al aceite de soja, moviliza inversiones y sostiene miles de empleos en distintas provincias.
El proyecto, que obtuvo 41 votos a favor y 25 en contra en el Senado, propone aumentar el corte de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15%, doce meses después de su sanción. Sin embargo, el crecimiento de la demanda no garantiza una mayor participación para todos los fabricantes. El punto más sensible es la reducción gradual del segmento reservado a las empresas no integradas, que pasaría de 6,5 puntos porcentuales inicialmente a cuatro desde 2031. El cambio permitiría ampliar la competencia con compañías que también producen y procesan la materia prima.
El empleo regional y el valor agregado, en el centro de la disputa
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) advirtió que el nuevo esquema podría comprometer la actividad de 25 plantas industriales, vinculadas con unos 1.500 empleos directos y 8.000 indirectos, según los datos presentados por la entidad. Su representante, Federico Martelli, sostuvo que las diferencias de escala y de acceso al aceite de soja dificultan una competencia equilibrada. Por eso, propuso ampliar el corte al 12% o 12,5%, una alternativa que permitiría incrementar el volumen comercializado y discutir una distribución diferente entre productores.
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Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras defendió la media sanción y pidió evitar modificaciones que demoren su aprobación. El dirigente consideró que el régimen contempla un período de transición para las empresas independientes y ofrece condiciones para atraer inversiones. La posición de las aceiteras apunta a ampliar la participación de los grandes complejos industriales en el abastecimiento interno, un negocio que podría complementar sus operaciones exportadoras y generar nuevas oportunidades para la transformación de soja en energía.
La discusión también expone un problema estructural de la agroindustria nacional: cómo promover mayor competencia sin debilitar el entramado industrial del interior. Las plantas regionales suelen enfrentar costos logísticos y financieros diferentes de los grandes establecimientos integrados. En ese contexto, la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados planteó límites de participación por grupo económico y prioridad de abastecimiento para firmas no integradas. El debate, por lo tanto, excede el porcentaje de mezcla: involucra concentración empresarial, desarrollo territorial y previsibilidad regulatoria.
Para la Argentina, aumentar el consumo de biodiésel también representa una oportunidad de agregar valor a la producción de soja y sustituir parcialmente combustibles fósiles. Sin embargo, el resultado económico dependerá de los precios, las inversiones y las condiciones de competencia que establezca la nueva legislación. Mientras Brasil continúa desarrollando su mercado de biocombustibles, el país necesita definir qué papel tendrán sus productores regionales y sus grandes industrias exportadoras. La expectativa ahora está puesta en el posible dictamen de Diputados durante la próxima semana, cuando volverá a discutirse el equilibrio entre apertura del mercado y protección de las pymes.