La industria semillera flexibilizó su propuesta sobre el uso propio para acercar posiciones con los productores y avanzar en una nueva legislación.
La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) anunció este 26 de octubre de 2026 que amplió las excepciones al pago por uso propio de semillas respecto de su propuesta original. La decisión busca acercar posiciones con los productores y avanzar en la actualización de la Ley de Semillas, una discusión clave para el futuro del agro argentino porque involucra los costos de producción, la propiedad intelectual y las inversiones en nuevas tecnologías.
Uso propio de semillas: qué cambia en la propuesta de ASA
Según informó la entidad, la industria semillera revisó y amplió la superficie contemplada dentro del régimen de excepción al pago por uso propio, reconociendo las diferentes realidades productivas del país. El comunicado no precisa cuántas hectáreas quedarían exceptuadas ni cuáles serían los criterios para acceder al beneficio, dos aspectos fundamentales para determinar el impacto económico de la propuesta sobre los productores.
ASA sostiene que una legislación moderna debe garantizar reglas claras para reconocer la propiedad intelectual y promover inversiones en mejoramiento genético. Desde la industria consideran que mayores incentivos a la investigación permitirían ampliar la oferta de variedades, mejorar los rendimientos y acelerar la incorporación de tecnología. Sin embargo, el desafío será compatibilizar esos objetivos con las necesidades de productores de distintas escalas, especialmente en un contexto de elevados costos productivos.
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Brasil avanza y Argentina busca recuperar competitividad
La entidad también puso el foco en la competencia regional y destacó los avances de Brasil en incorporación de tecnologías y desarrollo genético. Para ASA, Argentina cuenta con capacidades científicas y productivas para fortalecer su posición, pero necesita condiciones que generen previsibilidad y atraigan inversiones de largo plazo.
El debate adquiere relevancia en un escenario donde los productores argentinos enfrentan desafíos vinculados con las retenciones, los costos logísticos y el acceso al financiamiento. Si bien una actualización normativa podría impulsar la innovación, la competitividad del agro depende también de otros factores económicos y comerciales que condicionan las decisiones de inversión.
Desde ASA remarcaron que el objetivo es construir un sistema equilibrado que permita generar más valor para toda la cadena agroindustrial. La ampliación de las excepciones representa un cambio en la propuesta de la industria, pero no implica que exista una reforma legislativa aprobada ni un acuerdo definitivo.
La discusión continuará centrada en un interrogante decisivo: cómo garantizar inversiones en genética sin comprometer la rentabilidad de los productores. La respuesta será determinante para definir el alcance de una futura Ley de Semillas y su impacto sobre la competitividad del campo argentino.