Lo hará en el juicio oral que se inicia esta semana por la polémica venta de la sede de la entidad, por la que están acusados Menem y Cavallo.
El gobierno de Mauricio Macri reclamará ante la Justicia que el predio que ocupa la Sociedad Rural vuelva al Estado. Esta petición es el principal reclamo del juicio oral y público que comenzará el 6 de junio próximo contra el expresidente Carlos Menem y el exministro Domingo Cavallo, entre otros, acusados de vender sin autorización parte del Parque Tres de Febrero a la Rural por el precio considerado «vil» de 30 millones de dólares en 1991, una cuarta parte de su valor real. Ese dinero debía pagarse en cuotas y la Sociedad Rural solo abonó 6,5 cuotas, según los cálculos del Gobierno.
La fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún, irá no solo contra los exfuncionarios y los ejecutivos de la Sociedad Rural que realizaron la operación sino también reclamará que el predio de Palermo regrese al patrimonio del Estado, dijeron fuentes judiciales.
El mismo reclamo realizará la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que es querellante en la causa como organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Marcos Peña, según confirmaron fuentes del Gobierno.
Macri nombró como su segundo ministro de Agroindustria a Luis Etchevehere, quien fue presidente de la Sociedad Rural hasta su designación en el Gabinete. Etchevehere al dejar de su cargo en la Sociedad Rural cobró $500.000 como parte de un bono de retiro, pero la Oficina Anticorrupción dictaminó que se trataba de un pago indebido y el funcionario lo devolvió.
El juicio con este reclamo de recupero de los bienes malvendidos para el Estado se da en medio de una particular coyuntura que enfrenta el Gobierno con el campo a partir de la medida que analiza para frenar una anunciada baja de retenciones a la soja, como parte de su política de reducción del déficit.
Durante el kirchnerismo, Cristina Kirchner firmó un decreto que anulaba la venta de Menem del predio de la Sociedad Rural. La entidad reclamó a la Justicia por esa norma. El primer procurador del Tesoro de la gestión de Macri, Carlos Balbín, dictaminó en favor de que el predio retorne a las manos del Estado. La misma política que tiene hoy el AABE al reclamar en el juicio el recupero del predio, para venderlo.
Actualmente, ese caso judicial está paralizado a la espera de la sentencia del juicio oral que comenzará en diez días. El juicio estará a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michilini, este último en reemplazo de Jorge Tasara, que se excusó porque fue funcionario durante el menemismo.
La fiscal Baigún estará acompañada por su colega Dafne Palopoli de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Los acusados son Menem, Cavallo, dos exfuncionarios del Ministerio de Economía, seis de los Bancos Ciudad e Hipotecario y dos dirigentes de la Sociedad Rural.
La elevación a juicio también alcanza al exdirector de la Comisión de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales Gastón Ramón Figueroa Alcorta y al titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales Matías Lucas Ordoñez, del Banco de la Nación Argentina. También a exfuncionarios del Banco de la Ciudad de Buenos Aires involucrados con la Tasación.
La nómina se completa con el entonces presidente de la SRA, Ricardo Agustín de Zavalía, y el empresario agropecuario y exsecretario de la SRA Juan Alberto Ravagnan.
Todos ellos están acusados de peculado por sustraer un predio de dominio público para su venta ilegítima a un privado. Se trata de un delito gravísimo que se pena con hasta 10 años de prisión.
Los acusados pueden argumentar que el caso está prescripto porque la venta se hizo en 1991, hace 27 años, y recién ahora se hace el juicio oral contra los acusados. Pero la Cámara de Casación, el año pasado, desestimó este argumento y apuró el juicio oral. Justamente el argumento es que como Menem sigue siendo funcionario, los delitos no prescriben y en eso arrastra al resto de los acusados.
La acusación se basa en que el Parque Tres de Febrero originalmente era el predio que ocupaba la villa de Juan Manuel de Rosas, rodeada de arboledas, lagunas artificiales y un zoológico de animales exóticos. Tras la expulsión de Rosas del poder luego de la batalla de Caseros, sus propiedades fueron expropiadas y pasaron al Estado.
Desde ese momento, y luego de que parte del predio fue cedido a la Rural, cada vez que se renovaba su uso, se hacía mediante la aprobación de una ley del Congreso. Todo esto, hasta el 14 de noviembre de 1991, cuando la Rural se presentó ante el Gobierno y le hizo una propuesta para comprar el predio de manera definitiva. Un mes después, el 20 de diciembre de 1991, Menem firmó un decreto y vendió parte del Parque Tres de Febrero, cuando en realidad no podía hacerlo, sino mediante una ley del Congreso.
El boleto de compra-venta fue firmado en la propia Casa Rosada por Cavallo y los compradores de la Rural el mismo el mismo día de la firma del decreto. Era un viernes antes del feriado de Navidad y allí se pagaron 3 millones de dólares.
Se acordó que el 15 de marzo se iban a pagar 7 millones de dólares más y el resto, unos 20 millones los pagó al Sociedad Rural en cuotas anuales de 2 millones de dólares. La primera se hizo efectiva dos años después. Ahora, en el juicio que se hará una vez por semana en Comodoro Py 2002, serán citados unos 42 testigos en un proceso que seguramente llegará hasta fin de año.
Menem llega a este juicio con dos condenas en su haber; una a siete años de prisión por el caso del contrabando de armas a Croacia y Ecuador y otra por el pago de sobresueldos a sus ministros. No está preso porque los fallos no están firmes y además lo protegen sus fueros de senador nacional.
Los acusadores cuestionan no solo el modo en que se entregó el predio de la Rural, sino también el monto del dinero que se pagó. No intervinieron los organismos de tasación oficiales que debieron haber dictaminado y en cambio hubo tasaciones del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario que fueron cuestionadas y sus autores investigados ahora.
Sobre la base de esas tasaciones es que se pagaron 30 millones de dólares, al menos la cuarta parte de lo que se calcula debió ser su precio real en 1991.