En el ciclo agrícola 1996/97, Mario Arias, un contratista agrícola de Coronel Pringles, sacó un crédito para comprar una cosechadora. Era por unos 100.000 pesos de esa época. Lo hizo para trabajar en la región como prestador del servicio de cosecha.
El productor Mario Arias intentará mañana evitar el remate de su casa en una reunión con las autoridades del banco
Después de 20 años, por ese crédito a Arias el Banco Nación le quiere rematar una casa que es su vivienda única y está como bien de familia. El productor había puesto la misma máquina como garantía. Perdió la cosechadora en una inundación. El seguro que tenía no sirvió para esta situación.
Según contó Arias, la deuda inicial pasó de $100.000 a 1.000.000 de pesos. Hizo pagos para ir cancelando ese compromiso, pero la entidad fue por su casa y ahora le puso fecha al remate: será el próximo viernes en Bahía Blanca.
“Me enteré por el diario, en los edictos judiciales”, dijo sobre cómo tomó conocimiento del próximo remate. Arias hará una última jugada para evitarlo. Mañana estará en Buenos Aires para, junto con el abogado Alejo López Lecube, intentar en una reunión en el Banco Nación que se frene el remate.
El conflicto que vive Arias va más allá de este caso particular por esa máquina de los 90. El productor también enfrenta una situación compleja por otro crédito que su padre tomó como productor agropecuario en los noventa.
En rigor, Arias y otros 9 productores rurales de esa región del sudoeste bonaerense iniciaron una acción de amparo contra el gobierno nacional, el gobierno provincial, el Banco Nación y el Fideicomiso Provincial creado por la ley 12.726, por un conflicto proveniente desde los noventa con el Banco Nación que en el resto de las provincias se resolvió con una medida del gobierno anterior.
“La provincia de Buenos Aires adhirió a esa política de Estado mediante un convenio que firmó Daniel Scioli con el presidente del Banco Nación el 10 de febrero de 2010, pero terminó el mandato de ese gobierno sin que se llegara a ponerlo en ejecución por el tiempo que llevó su tramitación, pero sin que surgiera causa alguna que lo impidiera”, contó el abogado Víctor San Román.
Según el abogado, el nuevo gobierno desconoció el convenio. Hubo productores que para evitar remates vendieron su capital. Pero Arias y otros siguieron intentando un acuerdo, le mandaron cartas a la gobernadora María Eugenia Vidal y el año pasado lograron, como informó La Nación, una promesa del Banco Nación de frenar desalojos. Pero las acciones judiciales del banco siguieron adelante y los productores recurrieron al amparo.
A la fecha aún no se ha dictado sentencia en primera instancia en el amparo, pero el banco siguió con las acciones judiciales. En tanto, en el edicto que se anuncia la subasta de la casa de Arias se fijó una base de $418.889, las 2/3 partes de la valuación fiscal, “al contado y al mejor postor”.
Fuente: La Nación
