Los resultados surgen de una encuesta realizada por la entidad, donde la sumatoria de permisos, certificaciones y demás obligaciones burocráticas alcanza los 270 anuales.
“La producción agropecuaria, el trabajo concentrado del productor para mejorar sus rindes y enfocarse de lleno en la incorporación de tecnología tiene un enemigo declarado desde hace años: la burocracia” indica CRA en una nota de la edición de marzo de su revista.
En este contexto donde el productor está cada vez más parecido en la diaria a un “contador”, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado donde reiteró que “la desburocratización es una difícil tarea, pero sin lugar a dudas, necesaria para que los productores focalicen su tiempo en lo que mejor saben hacer: producir”. Sin embargo, pese al esfuerzo de sectores del Gobierno, la burocracia aún no cede y no se aliviana la carga de trámites, muchos de ellos engorrosos, superpuestos y sin utilidad práctica para los productores.
Un reciente trabajo de CRA hizo evidente lo que en el campo es un hecho concreto: falta de coordinación entre las diferentes áreas de Gobierno y sus diferentes estratos: nacional, provincial y municipal. Todos en conjunto, los organismos crean una serie de distorsiones y complejidades que dificultan aún más el normal desempeño del sector privado.
Los resultados de una encuesta realizada a productores agropecuarios integrantes de la red federal de CRA ubicados en todas las regiones del país se exponen a una serie de hilos conductores, determinantes a la hora de aumentar la carga burocrática que soportan. Estos “hilos conductores” se transforman en los argumentos principales a la hora de expresar la complejidad de los trámites.
“Existe una duplicidad de información solicitada por las diferentes dependencias del Estado, complejidad de tramitación por los requerimientos, falta de flexibilidad en los datos aportados frente a imprevistos y duplicidad de imposición de tasas sobre un mismo objeto”. Además, CRA observó que existe “falta de capacitación del personal que atiende, superposición de tareas en los organismos, desigualdad frente a lo requerido a otros sectores y falta de utilidad práctica en cuanto al objetivo del trámite”.
El trabajo de CRA además dejó en claro el gran nivel de información que maneja el productor agropecuario promedio.
La pesada carga burocrática
El recuadro de este artículo expone con claridad algunos de los trámites más complejos solicitados por distintas dependencias del Estado a nivel nacional, provincial y municipal. Aunque eso sí: “es el productor el que debe destinar su tiempo a estas formalidades muchas veces sobredimensionadas y complejas, que duplican el tiempo requerido o solo tienen objetivo recaudatorio”.
De acuerdo con CRA, un párrafo aparte se lo lleva la AFIP, “ya que es una de las dependencias con mayor volumen y calidad de información, pero parece generar constantemente controles de controles, y suele tener una fuerte resistencia a compartir y validar protocolos con otras dependencias que cuentan con información similar”.
En punto aparte en este camino, son los embargos de cuentas bancarias de productores agropecuarios que se han masificado en los últimos años “y que tienen un proceso de levantamiento anquilosado que termina impactando de lleno en el manejo financiero de los productores, congelando sus depósitos, impidiendo la acreditación del cobro de sus ventas y obligándolos a triplicar el giro de capital comprometido para evitar la caída de la cuenta corriente”.
Todo preparado, entonces, para el frondoso espacio de la informalidad. “Todo este trasfondo termina empujando a muchos pequeños y medianos productores a la informalidad, y es la peor de las situaciones en donde pueden estar, allí no hay capacidad de negociación, precio de referencia ni seguridad de cobro”, resumió CRA