«Hace dos semanas hablamos con el Presidente y nos transmitió que estaba convencido del rumbo de ir llevando las retenciones a cero, estamos confiados en su decisión», aseveró.
El productor agropecuario, a su vez alertó que «un cambio en esta política sería preocupante porque rompería con la previsibilidad que necesitamos en el sector». Agregó que «Mauricio Macri ha dado muestras claras de su decisión de quitar este gravamen que no paga ninguna otra actividad».
Por otro lado, reconoció que «el sector ganadero está viviendo una situación complicada debido a la caída del consumo interno» y que «faltan un montón de herramientas para que las economías regionales puedan mejorar porque llevan años de malos resultados».
Por último alertó sobre el riesgo de que la devaluación se traspase a inflación. «Si esto ocurre tendremos nuevamente el tipo de cambio atrasado, el dólar no debe ser la única variable de competitividad», concluyó.
Este viernes, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer el documento elaborado por los técnicos del organismo para la aprobación, el mes pasado, del acuerdo stand by para la Argentina por u$s 50.000 millones. El trabajo estima un crecimiento de sólo 0,4% para el año en curso, aunque espera una recuperación el próximo, con un aumento de 1,5%. El reporte enfatiza la cuestión fiscal y señala la necesidad de realizar recortes en el gasto público y mantener impuestos para cumplir con las metas fiscales.
El Fondo sostiene que los objetivos en materia fiscal se basarán en medidas ya adoptadas por el Gobierno argentino y en nuevos ajustes que contemplaría el presupuesto 2019. En particular, se especifica el mantenimiento del promedio de la tasa de exportación de los productos de soja al 25,5%. Es decir, suspender por un tiempo el cronograma de descuentos.
Entre otras medidas, se sugiere la postergación de la implementación de partes de la reciente reforma impositiva a 2020, una mayor reducción de subsidios ineficientes en energía y transporte, limitar el crecimiento nominal de los salarios del sector público, la racionalización de los gastos en otros bienes y servicios, reducción del empleo público y congelamiento de contrataciones en la administración federal.
También recortar las transferencias a empresas estatales un 15% en 2019, reducir las transferencias discrecionales a las provincias un 1,2% del PBI para 2019, recortar el déficit fiscal a nivel provincial, reducir gasto de capital un 0,6% del PBI y la venta de tierras y amortización de fondos de pensiones que hoy están retenidos para financiar el pago de reclamos de pensiones.