La reducción de las retenciones a la soja generaría al finalizar 2018 una merma de casi $13.000 millones en la recaudación fiscal pero, por el ingreso vía otros impuestos, como el IVA y Ganancias, entre otros, ese monto se achicaría a unos $7000 millones, lo cual demuestra un bajo impacto para el Estado disminuir los derechos de exportación a este cultivo.
En tanto, para 2019 la pérdida en la recaudación fiscal sería de $25.900 millones que, no obstante, terminaría siendo de 15.000 millones de pesos por el efecto de otros impuestos.
Estos datos se desprenden del estudio “El impacto económico de la reducción de los derechos de exportación a la soja”, realizado por Adrián Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio, de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín.
Desde enero pasado, las retenciones a la soja se están reduciendo 0,5% por mes y ya tienen una tasa del 26 por ciento.
“La disminución de las retenciones produce un incremento en el precio interno de la soja, que permite obtener una mayor recaudación por medio de impuestos como el IVA, Débitos y Créditos Bancarios, Ingresos Brutos y Gana este último por el 35% del mencionado ingreso adicional”, precisa el trabajo.
Según los autores, ese incremento en la recaudación fiscal por esos impuestos “permite compensar parcialmente el efecto de la disminución en las alícuotas de los derechos de exportación”. Y agrega: “si se consideran los impactos positivos en los impuestos nacionales y provinciales, la caída en los ingresos tributarios sería de poco más de 7000 millones de pesos”.
Con precios para la soja a julio 2018, el impacto fiscal para este año de la baja de las retenciones es del 0,06% del PBI estimado. En tanto, en 2019 rondaría el 0,13 por ciento del PBI.
“Para que se achique la brecha (fiscal) se tienen que generar puestos de trabajo de servicios agropecuarios y en transporte. Hay que tener en cuenta que tres millones de toneladas generan alrededor de 100.000 viajes adicionales”, dijo Gutiérrez Cabello.
“El desarrollo agroindustrial en las ciudades del interior y las mayores inversiones en semillas, en general, impactan automáticamente en achicar la brecha”, agregó.
Impacto en la economía
El trabajo destaca que, si se excluyen los efectos indirectos que genera la industria sobre la producción de soja, por cada peso que tributa el sector aceitero (sin contabilizar los derechos de exportación) se recaudan cuatro centavos adicionales de forma indirecta en el resto de la economía.
Para los autores del informe, la producción de soja de 2018, “para mantener los ingresos fiscales, debería alcanzar los 57,85 millones de toneladas” (por la sequía, en la última campaña, 2017/2018, se produjeron 36 millones de toneladas).
En tanto, explican que, si se eliminaran los derechos de exportación, si solo con este cultivo se apuntara a mantener los ingresos fiscales la producción debería saltar a 91,3 millones de toneladas. Para este cálculo hicieron un ejercicio de simulación sin considerar que la última campaña estuvo afectada por la sequía.
Agregan, no obstante, que ese volumen de producción requerido podría ser menor si crecen otros cultivos del sector.
“Si se destina a la industria una mayor proporción de soja, los impuestos adicionales que lleva asociado valor agregado permitirían reducir la brecha fiscal ($7000 millones este año) con una menor producción en toneladas”, sostienen en otro tramo del informe.
“El impacto en los precios de la quita de retenciones es relativamente bajo”, destacan en el estudio. Luego evalúan el impacto en los precios internos -en el consumo de aceite- de eliminar por completo las retenciones.
“Suponiendo que solo se consumiera aceite de soja (excluyendo otras variedades como girasol, oliva y maíz) y considerando un incremento del precio de la soja del 30% como consecuencia de la eliminación completa de los derechos de exportación de esta oleaginosa, el impacto en el IPC sería del 0,008%”, precisaron.
