El Gobierno cuenta ya con la facultad de elevar desde el 30 por ciento actual hasta el 33 por ciento las alícuotas por los derechos de exportación. El 33% es el tope. Así lo estableció la denominada ley de emergencia, votada por el Congreso a fines de diciembre.

«La Mesa de Enlace está al tanto de todo, hay diálogo permanente con el Ministerio de Agricultura, y se trabaja en muchas compensaciones, eventuales segmentaciones, formas de morigerar las subas. De todos modos, la decisión final la va a tomar el Gobierno, pero nadie se va a sorprender», afirmaron anoche a LA NACION muy cerca del Presidente.

Fernández haría el domingo un nuevo llamado a «todos los sectores» para que hagan «su aporte», entre los cuales, claro está, incluye al sector agropecuario.

Otro funcionario dejó trascender que está prevista una nueva reunión entre funcionarios del Gobierno y la Mesa de Enlance. Se concretaría entre pasado mañana y el viernes. «Lo que anuncie el Presidente en la Asamblea Legislativa les será avisado antes a los productores. La medida está en evaluación», agregaron a LA NACION desde el Ministerio de Agricultura, que encabeza Luis Basterra.

Además, confirmaron que cualquier medida debería ser revisada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que está en Estados Unidos en plena renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bonistas.

La decisión de aumentar las retenciones a la soja llega en un momento tenso del vínculo entre el Gobierno y el campo. La semana pasada, la Mesa de Enlace dejó en suspenso un paro luego de un llamado de Basterra. Mientras los dirigentes estaban reunidos, el ministro se comunicó, según contaron fuentes agropecuarias, y les prometió un encuentro para la semana entrante.

No obstante, tanto es el malestar que el viernes pasado, luego de una asamblea en San Miguel de Tucumán, los productores de Apronor y de la Sociedad Rural de Tucumán decidieron hacer un paro de siete días, desde el lunes 2 de marzo, sin el aval de las entidades centrales.Fuentes oficiales que siguen de cerca la negociación con los productores observan con preocupación la rigidez de algunos de ellos, sobre todo, de los del norte del país

Las entidades afirman que con Basterra hay buen diálogo, pero que tiene «limitaciones» para evitar las decisiones que complican al agro, como el aumento de los derechos de exportación.

Desde el Gobierno sostienen que hay sectores que «deben contribuir» pero la intención es «dialogar» para que las protestas que siguieron a la resolución 125 en 2008 no se repitan doce años después.

«Aquella fue una crisis que tenía otros condimentos, ahora hay un trabajo más pormenorizado sobre la cadena agropecuaria. Existe una mirada con mucho más detalle. Tenemos que aprender que esa pelea no le sirvió ni al campo ni al gobierno. No la podemos repetir», afirmó el jefe de gabinete Santiago Cafiero en medio del debate por la ley de emergencia, hace dos meses.

En su reunión con los ruralistas, el 23 de diciembre pasado, el Presidente les anticipó sobre la «necesidad» de aumentar las retenciones. «La prioridad es la lucha contra el hambre», dijo Fernández la semana pasada, y agregó: «Lo que más nos preocupa son lo que peor están». En la Casa Rosada esperan, de todos modos, que la disconformidad no derive en confrontación directa.