De acuerdo al economista Jorge Ingaramo, de las 53 millones de toneladas estimadas para la nueva cosecha de soja, los productores ya vendieron 13,8 millones de toneladas, equivalentes a un 26% del total. En plata se trata de mercadería por US$2800 millones.
Vale recordar que antes de que el gobierno actual aumentara de 24,7 al 30% las retenciones los productores aceleraron negocios descontando que se venía una suba de los derechos. «El 70% del costo de implantación y protección (que tienen los productores por la campaña) ya está cubierto. Bajó la tasa de interés y también el costo de las tarjetas. Se viene de una buena campaña con ventas importantes con las retenciones al 26,5% (cuando los derechos llegaron a representar esa tasa con el anterior esquema de 18% fijo más $4 por dólar exportado). Frente a ese panorama, no veo que el Gobierno vaya a recaudar mucho», señaló Ingaramo. El economista calculó que son unos US$400 millones más los que el Gobierno podría recaudar pasando del 30 al 33% los derechos en este cultivo.
Ingaramo hizo otros cálculos con la soja en unos 220 dólares por tonelada para la nueva cosecha y con un rinde de 33 quintales por hectárea a 300 kilómetros de los puertos rosarinos. Según explicó, con la suba de tres puntos en la alícuota de la soja, un productor en campo propio pasará de un margen bruto de US$288 a US$266 por hectárea antes de Ganancias y de 187 a US$173 por hectárea luego del pago de ese tributo. En tanto, para campo alquilado la caída sería de 50 a US$32 por hectárea antes de Ganancias y de 33 a US$21 por hectárea después de Ganancias.
Para Ingaramo, en un contexto donde los precios internacionales están a la baja -entre otros factores en medio del efecto del coronavirus- con la soja al 33% la siembra en campos alquilados «es para pagar impuestos».
Según Néstor Roulet, productor y exsecretario de Agregado de Valor, serían unos US$513 millones el ingreso adicional para el Estado por la suba de los derechos. Ese número se podría estirar a US$648 millones si, además, el Gobierno también sube 3 puntos los derechos en trigo y en maíz que hoy están en el 12%.
Cuando se observa el aporte total de la soja y el maíz para esta campaña, ambos cultivos contribuirían al Estado y a otras partes de la cadena vía subsidios con unos US$7200 millones.
Para el Ieral, de la Fundación Mediterránea, para absorber la posible suba de las retenciones el rendimiento de la soja debería aumentar cinco por ciento como base. Ante una consulta de LA NACION, Juan Manuel Garzón, economista de la entidad, sostiene que la variación de rindes tendría que rondaría ese porcentaje.
Explicó que el rinde medio de soja entre 2014 y 2017 fue de 3291 kilos por hectárea en Córdoba; 3096 en Santa Fe y 3037 en Buenos Aires. Sobre esa base, el ingreso bruto para los productores con derechos de exportación al 30% (como en la actualidad), antes de descontar los costos e impuestos, es de US$706, US$664 y US$651 por hectárea, respectivamente para cada provincia. Si las retenciones pasan al 33%, se requerirá un 5% más de rinde promedio en general en todas las zonas productoras.
«Si los precios de exportación siguiesen bajando y los derechos son más altos, la necesidad ya no es compensar solo la suba de tres puntos, sino que el desafío pasa a ser tener rentabilidad y eso puede exigir rindes mucho más altos de los factibles según suelos, tecnología, manejo y genética», remarcó Garzón.
Un trabajo realizado por el Departamento de Economía de CREA analizó la viabilidad económica del negocio agrícola con un indicador denominado Ivea, considerando el costo del arrendamiento, el rinde esperado y el de indiferencia, este último el necesario para salir hecho antes del pago de los impuestos.
Para el conjunto de la agricultura, con el nivel actual de retenciones el Ivea se redujo 4,6 puntos (de 9,5 a 4,9) y caería 3,3 más si se llegara al tope del impuesto.