«Resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales», destaca la publicación del Boletín Oficial.
El Decreto, que lleva la firma de Alberto Fernández, describe lasfinalidades que puede tener el Estado para realizar un cambio en el esquema de derechos de exportación:
– Asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional
– Ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior
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– Promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales
– Estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno
– Atender las necesidades de las finanzas públicas.
Entre las consideraciones se destaca que «resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales que mejoren su desempeño y que incrementen la competitividad de la exportación de bienes y servicios a medida que mayor sea su valor agregado».
«Resulta imprescindible mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria», agrega el Gobierno, que estima recaudar US$ 354 millones.
Esta suba en 3 puntos porcentuales a la soja y los subproductos está acompañada por una baja para productos de las economías regionales y algunos cultivos, como el girasol.
En tanto, también habrá un esquema de compensaciones para los productores de soja que hayan vendido el año pasado hasta 1.000 toneladas, lo que equivale a una retención efectiva de entre el 20 y 30 % para más de 40.000 beneficiarios.