Una senadora oficialista presentó un proyecto de ley para ‘controlar el comercio de cereales, oleaginosas y subproductos, garantizar la provisión interna de los mismos’.
La senadora del Frente de Todos por Río Negro, Silvina García Larraburu, presentó un proyecto de ley para recrear la Junta Nacional de Granos, es decir un organismo público de regulación del mercado granario en la Argentina, como el que funcionó desde la década del ’30 a la del ’90.
El proyecto de ley fue presentado originalmente en 2013 cuando García Larraburu ocupaba una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, y a medida que el mismo perdía estado parlamentario se volvía a presentar. Ahora está nuevamente pero en el Senado de la Nación.
«Esta es una política de trabajo de la senadora. Ahora bien, en estos momentos el proyecto de creación de la Junta Nacional de Granos no está en la actual agenda de trabajo», expresaron a Infobae desde el entorno de García Larraburu.
La presentación de la iniciativa no había hecho mucho ruido hasta que este jueves cuando el ministro de Agricultura, Luis Basterra, fue consultado en la videoconferencia en la cual presentó un informe de gestión ante los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, que preside el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
Basterra dijo que desconocer el detalle de la iniciativa y aclaró que no se encuentra dentro de las prioridades de su cartera la creación de un organismo de esas características. «No está dentro de las instituciones que pensamos impulsar», afirmó el ministro ante una consulta de un senador de Juntos por el Cambio que le trasladó la preocupación que generó entre las entidades del campo la iniciativa de la senadora kirchnerista.
En tanto, el senador por Entre Ríos por Juntos por el Cambio, Alfredo de Angeli, también rechazó la iniciativa: «La Junta es una herramienta diseñada en la década del treinta, en otro contexto internacional de precios y también productivo. En este momento hay una política nefasta que, en lugar de defender el precio del productor, hay retenciones que fijan un techo a los valores de la producción. Si el Frente de Todos cree que una junta nacional de granos sirve para defender al consumidor está equivocado, el productor nunca fue quien definió el valor al consumidor. Deberían saberlo», dijo a Infobae.
Por fuera del kirchnerismo, el reclamo del regreso de la Junta Nacional de Granos está siempre en los planteos de la Federación Agraria Argentina (entidad de la cual proviene originalmente el ‘melli’ De Angeli) como medida de protección para los productores frente a las fluctuaciones de precios en los mercados internacionales.
LA JNG fue creada durante la presidencia de Agustín P. Justo (1932-38) con el nombre de Junta Reguladora de Granos, la que compraba el trigo, el maíz y el lino que se le ofreciera a precios establecidos por el Gobierno para venderlos a los exportadores. En los ’90 fue discontinuada por el tandem Menem-Cavallo.
Propuesta
La propuesta de la Senadora García Larraburu, es una Junta Nacional de Granos que debería tener una vinculación con el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con el objetivo de «controlar el comercio de cereales, oleaginosas y subproductos, garantizar la provisión interna de los mismos, evitar los monocultivos y concientizar a los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios».
Además, la iniciativa propone: «Desarrollar políticas que fomenten el aumento de valor agregado en las materias primas producidas en nuestro país; promover el empleo industrial, y favorecer a los pequeños y medianos productores».
Las funciones y atribuciones de la Junta Nacional de Granos, serían: «Ejercer el control de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos, las que deberán ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta Ley y a las reglamentaciones pertinentes que expida el Poder Ejecutivo; autorizar y controlar el funcionamiento de todos los medios que se utilicen en el comercio de granos y sus subproductos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos».
También la Junta tendría como misión, «fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte; realizar las investigaciones necesarias para comprobar que no se viole normativa alguna relativa a la producción, comercio e industrialización de granos y sus subproductos, y en su caso, formular las denuncias pertinentes, y autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes», entre otras.