Ahora, la pandemia genera un contexto complejo que afectó al mercado, la producción y las ventas de leche. Sin embargo, el miércoles pasado se lanzó una medida de fuerza repentina que generó demoras en la cadena láctea.
El jueves cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decía: «Valoro mucho lo que han hecho los hombres del sindicalismo, por sobrellevar este presente», en la industria láctea se iniciaba una medida que se prolongó hasta este domingo a la noche en la que se trabajó “exclusivamente la jornada semanal”, “absteniéndose de trabajar días franco” y “horas extra”.
Por la medida de fuerza se produjeron atrasos en la descarga de materia prima, cierre de algunas líneas de producción, cierre de algunas plantas en algunas jornadas e incluso la demora en la provisión de lácteos en muchos supermercados e hipermercados. Para la mayoría de las empresas la situación se complicó y se sumó un fin de semana largo.
Cuando no se terminaba el reclamo, se fue corriendo la voz en las empresas que el Consejo Directivo Nacional de Atilra había decidido avanzar con un paro por 24 horas, desde la hora 0 del lunes, hasta el final de la jornada.
Horas después se emitió un comunicado con duros términos hacia las cámaras empresariales, pero con una intención de acercamiento, para que no haya descuentos en los salarios por la jornada no trabajada y para evitar la consecuencia sabida de ver imágenes de leche derramada en los tambos por la falta de recolección, que ya tiene atrasos desde el jueves.
Cabe señalar que el gremio se ofrece a recibir y procesar materia prima destinada a productos que puedan ser donados a los sectores más carenciados de la sociedad. “Como el sector empresario ahorrará en salarios, será una manera de socializar parte de las pérdidas entre industriales y trabajadores sin afectar al productor tambero; y beneficiando al sector más carenciado de la Argentina”.
Más solidaridad
La comunicación agrega que será esta una “contribución solidaria”, una manifestación que se puede ligar al conflicto de base que intenta resolver el gremio desde el año pasado, que es aumentar el aporte directo para la obra social.
Además del porcentaje salarial que se paga con destino a la obra social, como en todos los otros casos de la fuerza laboral, en la industria lechera se paga desde 2009 un monto fijo que actualmente en las grandes industrias es de 1.500 pesos y de 750, en las pymes, conocido como aporte solidario.
Fue en este contexto que en julio del año pasado se abonaron ocho mil pesos por empleado, directos al gremio, para fortalecer aún más a la estructura de salud.
Fechado el 2 de julio de 2020, en un comunicado donde se adelantaba lo vivido en estas horas, se advertía que “el mismo deterioro que tal situación produjo en los salarios, se ha trasladado a la estructura de servicios médico-asistenciales de la obra social, la que ha visto resentida su cartera prestacional en lo que concierne a la cantidad y calidad de los mismos, padeciendo esta afectación no sólo las y los trabajadores, sino también sus familias”.
Es llamativo que se subraye el tema de las prestaciones médicas en tiempos en los que se recortaron las atenciones profesionales durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, situación que sigue vigente para la mayoría de los profesionales de la salud.
Atilra explica expansiones en el procesamiento de leche, se cita la suba internacional del martes pasado de la leche entera en polvo, que recupera el rango de los 3.200 dólares, se apunta a un repunte en el consumo hasta los 57 litros por habitante, sin embargo no se explica la baja en la disponibilidad económica para la compra, por ejemplo.
En el acuerdo paritario de diciembre se citaba a un litro de leche de referencia de 50 pesos, mientras en Precios Cuidados el valor sigue siendo de 42 pesos por litro. En este sentido, el Gobierno Nacional está pidiendo a las empresas alimenticias no aumentar los valores de los productos, sosteniéndolos desde marzo.
Posturas
Mientras en las empresas se organiza un parate completo y la contemplación de procesos continuos, e incluso la conservación de leche cruda, desde las representaciones industriales se remarca la falta de diálogo, añadido a los comunicados emitidos en los últimos días.
El titular del Centro de la Industria Lechera, Miguel Paulón, explicó a Agrofy News que “las empresas no tienen como manejar la leche, por lo tanto hay que avisarle a los tambos que el que tenga capacidad que aguante y el que no, lamentablemente, no se puede hacer más nada”, ya que los recibos de materia prima no pueden operarse por parte de cualquier trabajador de las empresas.
“Nosotros estamos con precios fijos desde noviembre y diciembre y no podemos comprometernos en una paritaria que no podemos cumplir. Hoy los trabajadores deben tener un cuatro o cinco por ciento como mucho de demora respecto a la inflación, porque se han ido actualizando con los bonos los salarios, al 25 por ciento. Por eso es una barbaridad plantear todo de esta manera”, explicó el dirigente, quedando a la espera del dictado de una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, que aún no se ha expresado al respecto.
En la misma línea, desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), Pablo Villano, explicó que “este paro complicará más aún el funcionamiento de las empresas que nosotros representamos. Entendemos las necesidades salariales, pero no hay demasiadas posibilidades de cumplimiento por parte de las empresas, pero lo que está claro es que este no es un momento para tratar las paritaria y menos aún sin un llamado oficial. Creemos que la imposición de esta continuidad de medidas de fuerza no es el modo correcto de generar un acercamiento, si se apunta a la mejora para los trabajadores de todo el país”.
No está de más recordar que en este contexto muchos gremios acordaron bajas salariales, incluso en sectores esenciales, mientras que los que recurrieron a medidas de fuerza fueron los que dejaron de percibir salarios. Esta situación no se dio en industrias lácteas, aunque hay muchas que pagan en cuotas los salarios y son los trabajadores los que precisarían que las negociaciones se orienten a mejorar esa condición, teniendo en cuenta un contexto endeble en la economía y el empleo, que según la Universidad Católica Argentina se superarían los 900 mil puestos de trabajo perdidos a fines de mayo y la pobreza crecería más allá del 45 por ciento.