Desde marzo, el Gobierno solo permitió un aumento del 9% en la harina mientras el trigo subió 61 por ciento. Así, el negocio se torna inviable.
La falta de actualización en el precio de la harina de trigo, frenada en forma arbitraria por el Gobierno, genera distorsiones en uno de los sectores más importantes de la economía.
Lo que está sucediendo es que las empresas nucleadas en la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim) están impedidas de vender la harina a un precio de razonabilidad económica, debido a que el Gobierno les impone pautas limitantes a la actividad, a través de su política de precios máximos.
Algunas cifras que comprueban que esto no es una fantasía: desde el 6 de marzo, el Estado solo permitió dos aumentos, uno de cinco por ciento y otro de cuatro por ciento; es decir, un nueve por ciento en 10 meses. En el mismo plazo, la tonelada de trigo que valía 13 mil pesos pasó a costar 21 mil.