Desde el sindicalismo se opuso la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas, Gaseosas y Afines (Fataga), cuyo secretario general, Raúl Álvarez, es afín a Pablo Moyano. El sindicalista fue crítico con la tasa que se intenta aplicar porque generará mayores costos de producción y aumento de precios que impactarán en la inflación y consecuentemente en la desocupación.
En voz baja, un sector del Gobierno concuerda con parte de la oposición en que es “recaudación para la Orga”.
Este jueves se debatirá el proyecto en el interbloque de Juntos por el Cambio con la participación de economistas privados y expertos.
En el Ministerio de Ambiente que dirige Juan Cabandié señalan que el impacto en la inflación será bajísimo (en el oficialismo indican hasta 0,8% de la canasta básica, aunque desde la Copal aseguran que llegará hasta 3%). El dinero ingresado por el impuesto iría al Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo pero dentro del oficialismo aceptarían debatir la trazabilidad del destino de los fondos para un uso transparente.
El Ministerio de Ambiente asegura que los fondos serán manejados por los municipios e intendencias que tengan un plan de gestión del reciclado. Las tasas no se aplicarán a todos los productos (renovables y de exportación estarán exentos), sino a los que se decidan en el Consejo Consultivo. El consejo tendrá solo dos representantes por las empresas de los trece previstos.
Juan Grabois aclaró que el proyecto le pertenece al Frente de Todos y está firmado por el presidente y Matías Kulfas que no son de La Cámpora y que es una medida de protección socioambiental que cubre el costo de un servicio ambiental, no una caja. El dirigente apuntó contra las grandes corporaciones que no adhieren a las regulaciones y producen sus envases con materia prima proveniente de una cadena informal de trabajadores precarios; los envases contaminan las aguas o terminan en rellenos sanitarios. Las empresas deben hacerse cargo de los pasivos que generan y modificar sus prácticas. Las que se hagan cargo de gestionar sus envases no tendrán costo alguno, señaló. Además fundamentó la denuncia que realizó en la oficina anticorrupción por las invitaciones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para viajar a Washington a diputados, justo cuando se debate una ley que limita las prácticas contaminantes de sus filiales.
Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, cercana a Grabois manifestaron preocupación por un sector minoritario de corporaciones que insiste con modelos de autorregulación empresarial en la gestión de envases que ya han fracasado en la Argentina y otros países. Diariamente se producen 50.000 toneladas de residuos en el país y los que evitan que el sistema colapse son los 150.000 cartoneros que recuperan el material reciclable.
En tanto, el diputado Máximo Kirchner prometió en el Congreso que lo recaudado se destinará para sistemas de reciclado destacando que la ley tiene en el centro al ser humano.