Mes: diciembre 2023

Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación abrió este martes el período de inscripciones para empresas habilitadas para realizar exportaciones de carne vacuna a Estados Unidos y que quieran participar del cupo anual de 20.000 toneladas que permite ingresar ese país, provenientes de Argentina.

Según precisó en el texto normativo, el plazo para anotarse es de 15 días corridos y abarca, como es usual, a frigoríficos, grupos de productores y asociaciones de criadores de razas bovinas.

La resolución incluye un anexo en el que recuerda los requisitos que deben cumplir quienes estén interesados en comerciar carne con la nación norteamericana.

“Los interesados deberán completar el formulario correspondiente a través del Trámite a Distancia (TAD) denominado Solicitud para acceder a una licencia de exportación – Cuota carnes a Estados Unidos. Ciclo 2024”, precisó Agricultura.

EXPORTACIONES DE CARNE: ADELANTOS DE CUPO

En este contexto, la novedad que trajo esta decisión del área que conduce Juan José Bahillo es que, para evitar cuellos de botella a la hora de que fluya el comercio exterior rumbo al gigante norteamericano, a partir de ahora podrá otorgar adelantos de cupo.

Técnicamente, Agricultura autorizó a su Subsecretaría de Mercados Agropecuarios a “otorgar adelantos desde el inicio del ciclo comercial y hasta el dictado del acto de adjudicación final, únicamente para aquellas empresas y Proyectos Conjuntos que hubieren superado el control documental”.

En los considerandos de la resolución, el Gobierno amplió que “para que la finalización de un ciclo comercial y el inicio del siguiente no afecten el normal desenvolvimiento de la operatoria comercial entre Argentina y EE.UU, resulta adecuado habilitar adelantos de cupo, mientras se resuelve la adjudicación definitiva del período”.

Por otro lado, Agricultura también subrayó que el objetivo de seguir mejorando este régimen normativo es “asegurar el abastecimiento regular de carnes a lo largo de todo el período, para lograr la consolidación de una ‘Marca País’ en el mercado estadounidense”.

No resultó: las quejas y movilizaciones realizadas por productores rurales de la zona de Azul (Buenos Aires), en contra del “impuestazo” que decidió llevar adelante el municipio, no dieron fruto y finalmente se aprobó la denominada “tasa de servicios esenciales” que se aplicará en ese partido.

Este martes por la tarde, según informó la Federación Agraria Argentina (FAA), se realizó una concentración en el veredón municipal, con el fin de manifestar la disconformidad con el accionar de la Asamblea de Grandes Contribuyentes, reunidos en el Concejo Deliberante para votar la aprobación de la Ordenanza Fiscal y de la Ordenanza Impositiva para el período 2024.

De esa protesta participaron los propietarios de tierras, tanto rurales como urbanas, que conforman la Mesa de Enlace Local –integrada por el Centro Empresario de Azul (CEDA), la Federación Agraria (FAA) Filial Cacharí Parish, la Sociedad Rural de Azul y la Sociedad Rural Argentina (SRA)–, quienes estuvieron acompañados por el director del Distrito 10 de la FAA, Aníbal Chiramberro; el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), autoridades de la SRA y vecinos.

EL “IMPUESTAZO” EN LITROS DE GASOIL

Según recordó la FAA, la disconformidad de los propietarios urbanos y rurales radica en la implementación de la nueva tasa de servicios esenciales, calculada en litros de gasoil, a pagar mensualmente, en forma actualizada.

“La contraprestación de dicha tasa no es clara, dado la amplitud de servicios urbanos que se pretende realizar. Por esta razón y la forma de cálculo, la misma adolece de graves vicios de inconstitucionalidad”, indicó Chiramberro.

Encima, la votación de fue con 17 votos a favor y 16 en contra, y eso fue así solo porque tuvo que desempatar la presidenta del Concejo Deliberante, con su doble voto.

En este marco, “representantes de las entidades que conforman la Mesa de enlace local adelantaron que iniciarán las acciones legales pertinentes”, señaló la FAA.

La cadena agroindustrial ha centrado sus reclamos en materia de política agropecuaria en base a dos ejes, que son la eliminación de los derechos de exportación y la unificación del tipo de cambio.

Luego del triunfo de Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre, estos temas se instalaron con fuerza en la agenda del agro.

En paralelo, la decisión del Gobierno nacional de implementar un dólar exportador “50-50” hasta el 10 de diciembre generó algunos chispazos entre exportadores, cámaras del sector y entidades gremiales.

Actores como la Federación de Acopiadores o la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) advirtieron por las asimetrías que se generó al momento de comercializar granos.

Incluso, llegaron hasta sugerir que iban a “escrachar” a las empresas agroexportadoras que no pagaran los casi $650 que resultan del actual tipo de cambio vigente para el comercio exterior: un 50% al valor oficial y un 50% al CCL.

INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES

En el marco del brindis de fin de año organizado por la Federación de Acopiadores, el titular de la entidad, Fernando Rivara, sostuvo que el despegue definitivo del país no será solamente con unificar el dólar o eliminar retenciones.

“Estas dos medidas son necesarias pero no suficientes. No hay sector que no haya manifestado la absoluta necesidad de incrementar las exportaciones y sin esta meta no tenemos destino”, expresó.

El directivo señaló que se debe poner en valor al complejo exportador y en este punto reconoció el rol estratégico que juega el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), creado en 2021 y conformado por 61 cámaras del sector.

Rivara sostuvo que se necesita un CAA fuerte pese a las diferencias. “Seguramente conocen los debates que tenemos con la exportación por el decreto 597/23. Pero eso no impide saber que tenemos desafíos comunes que debemos enfrentar unidos”, sostuvo.

Además de estas cuestiones vinculadas a la coyuntura económica de la actividad, hizo hincapié en temas de agenda como las resoluciones de la COP 28 de Dubai o las exigencias de Europa sobre la procedencia de la soja y la ganadería de zonas libres de deforestación, entre otras cuestiones.

EL COSTO DE EXPORTAR

“Si queremos exportar urge tomar medidas sobre los gastos de fobbing que tiene el uso de contenedores”, advirtió el titular de los acopiadores.

En este sentido, citó algunos números del comercio exterior en comparación a Brasil y calculó que los exportadores argentinos tienen un sobrecosto de U$S 1.000 con respecto al vecino país para cargar un contenedor.

“Esa diferencia de U$S 50 por tonelada deja fuera de mercado a una cantidad enorme de empresas”, detalló.

Para Rivara, la gestión desde el 10 de diciembre deberá ser expeditiva.

En ese punto, apuntó que “el Estado debe poner límites a los bloqueos de empresas por patotas que obran con total impunidad”, pero fue más fuerte aún su denuncia de que “se debe terminar con una AFIP que se usa como arma para castigar a opositores“, remarcó.

En el terreno fiscal, también compartió el pedido de acabar con “oscuros fideicomisos, con intendentes que se creen emperadores y quintuplican los empleos públicos para luego crear impuestos escandalosos disfrazados de tasas para pagar esos sueldos, como vemos en Azul”.

Y agregó: “Tenemos que ser súper competitivos y para eso el Estado y los privados deben ser eficientes“.

Otro tema que preocupa a los acopiadores es el laberinto burocrático que deben sortear las pymes nacionales para cumplir con sus obligaciones fiscales.

En este punto, Rivara compartió que en muchos casos, deben dedicar más de 500 horas anuales (tres meses) para completar formularios “que para lo único que sirven es para mantener a una casta burocrática ineficiente”.

“Es inviable el calvario que tiene cualquier PyME de Argentina para cumplir sus obligaciones fiscales.  Los días que le dedicamos a los trámites impositivos son 8 veces mayores que los de Brasil, por ejemplo”, ahondó Rivara.

Asismimo, insistió: “Tenemos un sistema tributario enmarañado, complejo y desprolijo, hecho adrede para justificar miles de empleos públicos”.

Al valorar lo positivo, destacó que Argentina ha tenido la capacidad de desarrollar instituciones centenarias como las bolsas de cereales, las cámaras arbitrales y los mercados de futuro, que desde su perspectiva son un ejemplo a nivel mundial.

Los patentamientos de maquinaria agrícola crecieron 1,8% con respecto al mismo mes del año pasado y confirmaron el sorpresivo repunte que habían mostrado los números de octubre, tras varios meses con variación negativa producto de la sequía y otros factores negativos para la actividad, como la desaparición del financiamiento y las trabas a las importaciones.

Según la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras se inscribieron el mes pasado 635 unidades, cuando en el mismo mes el año pasado habían sido 624.

No obstante, la comparación contra octubre fue negativa en 0,9%, ya que en ese mes la cifra había alcanzado 641 equipos.

Lo que está claro es que la leve recuperación de los últimos dos meses no alcanza para compensar el bajón del resto del año: en 11 meses, los patentamientos se redujeron 9,6%, de 7.278 unidades en 2022 a 6.577 en lo que va de este año.

LOS NÚMEROS DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA

“Queda un mes de un año complejo, pero queda claro que el 2023 será un año de baja industria, principalmente en cosechadoras y pulverizadoras. Ahora ya hay que pensar en la campaña que viene, que llueva bien y que el mundo nos dé una ayudita con los precios de los granos para que, a pesar del contexto económico complicado, el sector tenga una recuperación”, mencionó ACARA en su informe.

Al desagregar rubro por rubro, los números sectoriales indican lo siguiente:

Cosechadoras

En noviembre se patentaron 53 cosechadoras, una baja del 7% comparado contra las 57 unidades de octubre y también una baja del 14,5% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2022 se habían registrado 62.

Tractores

En noviembre se patentaron 545, una suba del 1,5% comparado contra las 537 unidades de octubre, y una suba del 5,6% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2022 se habían registrado 516 unidades.

Pulverizadoras

En noviembre se patentaron 37, una baja del 21,3% comparado contra las 47 unidades de octubre pasado, y del 19,6% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2022 se habían registrado 46 unidades.

En cuanto a las marcas, se observa un marcado liderazgo de John Deere en todos los segmentos (en pulverizadoras, a través de PLA), con Case en segundo lugar en cosechadoras, New Holland en tractores y Metalfor en pulverizadoras.

En el marco de la cumbre de presidentes del Mercosur que se llevará a cabo entre los días 6 y 7 diciembre en Río de Janeiro, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) consideró clave que el bloque regional sudamericano cierre el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).

Esta postura se ubica en la vereda opuesta de la gestión de Alberto Fernández. A cinco días de finalizar su mandato, el canciller Santiago Cafiero calificó como “muy malo” un acuerdo de estas características y en declaraciones radiales afirmó que “limita las exportaciones” de la agroindustria y que “perjudica a la industria nacional”.

Más allá de estas declaraciones, el CAA ratificó que la cumbre en Brasil constituye una inmejorable oportunidad de afirmar la voluntad de generar una integración económica y comercial con el mundo, en un escenario internacional que presenta múltiples desafíos.

EL AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES

Con respecto a las negociaciones entre bloques, el CAA señaló que están avanzadas y restan definir aspectos vinculados a la legislación ambiental.

“Se deben alcanzar los acuerdos básicos con la UE para finalizar la negociación, evitando que el capítulo ambiental se transforme en una barrera al comercio”, sostuvieron.

De este modo, remarcaron que el acuerdo deberá reconocer la legislación nacional, los sistemas productivos y los esquemas de certificación existentes y se eviten todo tipo de distorsiones generadas por la política de subsidios de la UE.

Las exigencias ambientales por parte de Europa son cada vez más visibles al momento de definir sus importaciones vinculadas a la agroindustria. Un ejemplo es la normativa 2023/1115 de la Unión Europea, que regula la deforestación agregada en productos que se exporten hacia ese destino.

Estas negociaciones se balancean en un delicado equilibrio entre el ingreso de divisas para el Mercosur y las exigencias ambientales de los europeos. Un dato a tener en cuenta es que entre 2018 y 2022, el promedio anual de exportaciones agroindustriales a ese mercado por parte de Mercosur fue de U$S 21.827 millones. Esto representa un 48% del total exportado a la UE.

En el caso particular de Argentina, los envíos promediaron los U$S 6.187 millones para el mismo periodo, un 71% del total de las exportaciones a Europa.

“Desde el CAA se considera que se está ante un momento decisivo para concluir satisfactoriamente la negociación birregional por lo que no se puede perder la oportunidad que da la reunión de Rio de Janeiro para mejorar la inserción internacional del bloque y de nuestro país”, concluyeron.

En el marco del congreso anual que organiza la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), la cadena de valor reconoció que puede recomponer su perfil exportador y pidió al presidente electo, Javier Milei, un orden en las variables económicas y un tipo de cambio competitivo para impulsar el comercio exterior.

En la actualidad, esta cadena de valor se distribuye en una superficie de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales y 53 millones de hectáreas de bosques nativos. En materia de exportaciones, generan divisas por U$$ 550 millones al año y contabilizan unos 100.000 empleos directos

Román Queiroz, presidente de Faima, señaló que este sector busca, a partir de una sinergia aceitada entre las esferas públicas y privadas, generar inversiones para mejorar su performance tanto a nivel local como en mercados externos.

En este punto, sostuvo que si logran atraer inversiones por U$S 7.000 millones, en la próxima década podrán exportar por un valor de U$S 2.600 millones y generar 186.000 nuevos puestos de trabajo.

“Es imperativo que el nuevo gobierno impulse la capacidad exportadora de nuestra foresto industria, ya que ello no solo beneficiaría al sector en particular, sino que también contribuiría al fortalecimiento de la economía argentina en su conjunto”, remarcó el directivo.

QUE PIDE EL SECTOR FORESTAL AL NUEVO GOBIERNO

Queiroz considero que tanto una macroeconomía estable como un tipo de cambio competitivo son fundamentales para planificar negocios a mediano plazo, sobre todo en el caso de los mercados externos.

“En línea con el impulso exportador, es crucial promover los sectores más orientados al mercado interno de nuestra cadena, como los muebles y diversos productos de madera, incluyendo tableros y carpintería en obra”, explicó.

En el caso de estos segmentos productivos, afirmó que requieren un mercado interno fuerte, con buen poder de compra y estabilidad financiera.

“Si bien las medidas de promoción del comercio exterior y el desarrollo del mercado interno son positivas para el sector, debemos ser conscientes de la sensibilidad de ciertos eslabones de la industria a la apertura comercial extranjera”, advirtió. 

Para graficar este escenario, puso como ejemplo bienes como muebles y tableros, que desde su perspectiva requieren una política comercial equilibrada que fomente la competencia y sin descuidar la protección de la industria nacional.

El titular de Faima también destacó el potencial estratégico de la construcción con madera. Entre sus ventajas, enumeró que además de ser una herramienta para reducir el déficit habitacional, tendrán un rol clave en el cambio climático, al permitir almacenar carbono en su estructura.