El área dependiente de Economía analiza, aunque con fines informativos, las cadenas de valor del aceite, el arroz, así como las frutas y verduras.
El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, quien desempeñara un cargo similar en el gobierno de Mauricio Macri, se encuentra estudiando las cadenas de valor de algunos productos de la canasta básica para verificar si hay prácticas oligopólicas en laformación de precios de los alimentos.
La directiva recibida del Ministerio de Economía no apunta a la adopción de medidas directas en las etapas de producción y comercialización, ya que no es política del gobierno intervenir en la fijación de valores ni de rentabilidades que afecten la libertad proclamada, sino a informar a los consumidores sobre el nivel de competencia que existe en cada uno de los sectores.
Para ello, según trascendió en la repartición, se está haciendo un seguimiento de las acciones de las empresas con posición dominante en cada mercado durante el proceso de creación y desarrollo de sus productos, que les permitirían venderlos a un precio mayor. E inclusive comparar la trazabilidad entre firmas de un mismo sector o de otros.
Los primeros estudios en ejecución comprenden a las cadenas de valor de los alimentos más esenciales del consumo familiar, como el aceite, el arroz, así como las frutas y verduras.
Salta a la vista en un mero análisis estadístico el comportamiento de los precios el año pasado: mientras el Indice de Precios al Consumidor (IPC) creció 211%, los alimentos y bebidas lo hicieron en un 251,3%.
Fuente: Ramiro Castiñeira
Los productos que más aumentaron en el año fueron el arroz (748,7%), el azúcar (419,5%) y los fideos guiseros (416,7%).
En tanto que las carnes también registraron incrementos por encima del nivel general de inflación, con la picada común a la cabeza (349,7%), seguido por el cuadril (343,1%); la paleta (330,5%); la nalga (328,8%) y el asado (318,5%).
En cuanto a los comportamientos de los distintos eslabones, la devaluación última de diciembre de 2023 se reflejó en que los agroalimentos multiplicaron su precios por 3,5 veces del campo (origen) a la góndola (destino).
Es decir, el consumidor pagó $ 3,5 por cada $ 1 que recibió el productor, según el último Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el sector de Economías Regionales de CAME.
Y la participación del productor explicó el 26,3% de los precios de venta final.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) le agregó otro ingrediente al cálculo: el Estado intervino en un 25% del precio final de los alimentos, que está conformado por impuestos.
Aunque con distintos propósitos, las administraciones anteriores ya habían realizado relevamientos simulares.
El ex secretario de Comercio en tiempos de Alberto Fernández y en 2015 de Cristina Kirchner, Ricardo Feletti, había sacado como conclusión que «hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72 por ciento de la lista«.
Le servía de justificación a los gobiernos kirchneristas para aplicar controles en los precios bajo distintos formatos administrativos.
Pero en el fondo revelaban que las relaciones de fuerzas en el mercado no son parejas y terminan beneficiando a los que tienen la capacidad de formar los valores de la cadena alimenticia.
Con tasas de inflación tan elevadas y una dinámica de remarcaciones como la que caracteriza a la economía argentina, al consumidor se le haría cuesta arriba defender su derecho eligiendo a quiénes comprarles, porque tampoco cuenta con una variedad de oferta que le garantice una libre opción.