La Sociedad Rural de Victoria ha presentado un reclamo al municipio de esa localidad entrerriana debido a los nuevos valores que se han establecido para la tasa por uso de corrales. Según la sociedad rural, este impuesto carece de contraprestación y se considera un impuesto encubierto.
Presión impositiva sobre el sector agropecuario
La presión impositiva sobre el sector agropecuario ha sumado un nuevo capítulo en la provincia de Entre Ríos. La Sociedad Rural de Victoria informó que a mediados de la semana pasada, el municipio aprobó la ordenanza 4256/24, la cual establece nuevos valores para la tasa por uso de corrales y bretes para carga y descarga de animales. Este hecho ha generado preocupación no solo entre los ruralistas, sino también entre la comunidad islera asociación civil (CIAC), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Todos ellos han advertido sobre el impacto negativo que esta decisión podría tener en la ganadería de las islas.
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La Sociedad Rural de Victoria exige una revisión de la ordenanza
La Sociedad Rural de Victoria ha destacado el valor desproporcionado de la tasa establecida en la nueva ordenanza. Consideran que el monto aplicado no se condice con la prestación brindada y que esto impone una carga fiscal adicional a la actividad ganadera, sumándose a las tasas e impuestos preexistentes. Para los ruralistas, esta nueva ordenanza en realidad constituye un impuesto encubierto. Según su punto de vista, para que se considere una tasa, debería existir una contraprestación, lo cual no sucede en este caso. En un comunicado, la Sociedad Rural de Victoria ha exigido a las autoridades municipales que veten total o parcialmente la ordenanza 4256.
Han advertido que de promulgarse, las consecuencias negativas impactarán fuertemente en una de las principales actividades económicas del departamento. En conclusión, la Sociedad Rural de Victoria ha manifestado su descontento con los nuevos valores establecidos para la tasa por uso de corrales y ha solicitado una revisión de la ordenanza. Consideran que esta medida impone una carga fiscal excesiva a la actividad ganadera sin ofrecer una contraprestación adecuada.
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