Sostiene que faltan elementos importantes para su aplicación por lo que pide que se aplace el inicio hasta el 1 de julio de 2025.
El Gobierno alemán quiere dar a los gestores forestales tiempo suficiente para prepararse para las normas del EUDR. Faltan elementos importantes para la aplicación del reglamento de la Unión Europea contra la deforestación, critica el Ministro Federal de Agricultura Özdemir. Por ello, en una carta dirigida a la Comisión de la UE en nombre del Gobierno alemán, pide que se aplace el inicio seis meses, hasta el 1 de julio de 2025.
En mayo, el ministro federal de Agricultura, Cem Özdemir, hizo un llamamiento a la Comisión de la UE para que adaptara el Reglamento Europeo de Deforestación (RUE, EUDR) antes de su entrada en vigor prevista para finales de diciembre. Poco ha ocurrido desde entonces.
Por ello, Özdemir ha insistido ahora en su petición de que se aplace la aplicación del EUDR en una carta dirigida en nombre del Gobierno alemán al Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea y Comisario de Medio Ambiente, Maroš Šefovi.
En la carta, a la que ha tenido acceso Table.Briefings, Özdemir pide que el inicio de la aplicación de la EUDR se posponga «urgentemente» seis meses, del 30 de diciembre de 2024 al 1 de julio de 2025. Cuatro meses antes del inicio previsto, faltan elementos importantes para la aplicación, como la clasificación de Alemania como país con bajo riesgo de deforestación, escribe Özdemir. Özdemir insta a una aplicación práctica, poco burocrática y sin problemas
«La Comisión Europea debe salir por fin de sus vacaciones de verano y aportar claridad», prosigue el político de Los Verdes. Deben crearse sin demora las condiciones para una preparación adecuada de la economía y una aplicación nacional eficaz.
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Las empresas de los sectores agrícola y forestal necesitan tiempo suficiente para prepararse. «De lo contrario, las cadenas de suministro podrían romperse a finales de año, en detrimento de la economía alemana y europea, de los pequeños agricultores de terceros países y de los consumidores», advierte Özdemir. Aunque no cabe duda de que la EUDR pretende reforzar la necesaria protección forestal mundial, su aplicación debe ser práctica, minimizar la burocracia y funcionar sin problemas, exige el Ministro Federal de Agricultura.
«La Comisión de la UE puede crear aquí todas las condiciones por sí sola, sin renegociar el EUDR».
Miembros del Gobierno brasileño piden una revisión del EUDR :
Mientras tanto, Alemania no es el único país cuyo gobierno se dirige a la Comisión de la UE en relación con la inminente aplicación del EUDR. Este mismo martes, miembros del gobierno brasileño enviaron una carta a representantes de la Comisión de la UE instándoles a no aplicar las disposiciones del EUDR a finales de año, como estaba previsto, sino a revisarlas para no poner en peligro las exportaciones brasileñas.
Según el reglamento para cadenas de suministro libres de deforestación, como sugiere su título completo, las empresas deberán aplicar las normas realmente a partir del 30 de diciembre de 2024, y las empresas más pequeñas a partir de finales de junio de 2025, cuando sólo podrán vender en la UE importaciones de determinados productos -entre ellos cacao, café, aceite de palma, soja y madera- si los proveedores han presentado una declaración de diligencia debida.
Esto confirma que un producto no procede de una zona deforestada después del 31 de diciembre de 2020 y que se ha cumplido la legislación local durante su fabricación. Críticas a la falta de una base para la evaluación comparativa por países Recientemente se han escuchado desde muchos sectores críticas a la Comisión por no haber presentado aún bases importantes para la aplicación de la EUDR, como determinadas directrices y la evaluación comparativa por países.
Con la evaluación comparativa de países, la Comisión quiere asignar a cada país un determinado nivel de riesgo de deforestación. Sobre esta base, se aplicarán determinadas cuotas de control a los distintos grupos de productos: Para cada grupo de productos, las autoridades nacionales deben controlar el uno por ciento de los participantes en el mercado que importen de países de bajo riesgo, el tres por ciento de los países con un riesgo estándar y el nueve por ciento de los países de alto riesgo.