La Justicia imputó a personal del organismo por la falsificación de documentación; no se descartan más casos
La Justicia imputó a tres funcionarios por la realización de documentación apócrifa. Se trata de la persona a cargo de la oficina de coordinación del NOA, del encargado de la oficina de la localidad de Joaquín V. González y la persona a cargo de la secretaria administrativa de dicha oficina.
Se acusa a estas tres personas por realizar de manera trucha trámites de movimiento de animales. También se los imputa por la irresponsabilidad de mover hacienda a riesgo de trasladar enfermedades.
Varios Documentos de Tránsito Electrónico fueron desconocidos por los productores, mientras que otros se hicieron a nombre de ganaderos fallecidos. “La oficina está ubicada en la localidad de Joaquín V. Gonzáles, es la principal apuntada”, publicó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
DTE truchas
Según la investigación que lleva adelante la fiscalía, la maniobra se descubrió luego de que una productora ganadera encontró una inconsistencia entre su stock y el que figuraba en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA).
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El establecimiento figuraba con un traslado de equinos que nunca se realizó. “Se daba cuenta del movimiento de animales de su propiedad con destino a una firma ubicada en la provincia de Entre Ríos. Por esta razón, el stock de animales aparecía disminuido, lo que fue desmentido por el denunciante, pues no se había trasladado ningún animal de la finca en cuestión”, informó el MPF.
La investigación arrojó que el modus operandi correspondía a la realización de DTE por parte de la oficina ubicada en Joaquín V. González de manera apócrifa. De esta manera, se podía justificar el movimiento de animales para otro establecimiento.
El SENASA confirmó lo denunciado a partir de informes, sino también que revelaron otros numerosos casos similares, tanto de cambio de stock, como de movimiento de animales. Aún son motivo de investigación.
“No obstante, se pudo establecer que los documentos DTE objeto de la acusación fueron tramitados por los tres acusados, bajo el usuario asignado a cada uno de ellos por el organismo”, informó el MPF.
La fiscalía señaló a estos delitos de gravedad porque se trata de una maniobra espuria y de afectación a la salud. Se movió ganado del cual se desconoce su origen y si cumplía con los controles sanitarios.
Además, se tuvo en cuenta el prejuicio a los productores que no movieron sus animales. Esta situación generó un menor stock, lo que significó una menor cantidad de vacunas, entre otros recursos.
El MPF informó que las defensas no presentaron objeciones, sino precisión respecto a algunos de los hechos imputados. La jueza exigió a los acusados la obligación de no entorpecer el proceso penal.
Por su parte, la auxiliar fiscal solicitó un plazo de investigación de seis meses. “Desde el SENASA remitieron más informes, por lo que no descartó establecer nuevos hechos, lo que ampliaría la responsabilidad penal de los imputados”, detalló el MPF.