Mientras el Gobierno aun se muestra reticente a bajar las retenciones hasta tanto no estén dadas las condiciones de un equilibrio fiscal sostenido en la macroeconomía, el campo está trabajando, según pudo saber LA NACION de altas fuentes de la Mesa de Enlace, en una propuesta concreta que le presentará, en breve, a los funcionarios de la cartera económica a cargo de Luis Caputo. En rigor, impulsado por la Mesa de Enlace, el proyecto busca que, de manera “gradual y posible”, se disminuyan los derechos de exportación (DEX) a los principales cultivos como la soja, que actualmente está en el 33%, y el maíz y el trigo, ambos en el 12%. Contempla una baja inmediata de un tercio con un mecanismo tipo a lo utilizado con el Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) para saldar deudas con importadores.
Se trata de un trabajo que está elaborando la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) por pedido de las cuatro entidades del campo, y que antes de enseñarle al Gobierno esperan tener el visto bueno de unas 40 asociaciones más del sector agropecuario.
Según el documento al que accedió LA NACION, se deben poner en marcha “políticas necesarias” para que la Argentina crezca. El camino a seguir es tener cero retenciones, cero restricciones, un dólar único y reglas de juego claras.
Como puntapié inicial, proponen bajar los DEX de la oleaginosa once puntos para dejarlos en 22%, y del trigo y el maíz cuatro puntos para ubicarlos en el 8%. Esto no sería una reducción directa, sino que, para amortiguar el impacto fiscal, se haría a través de un instrumento transitorio como el Bopreal. El Bopreal se trata de títulos que emitió el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en dólares estadounidenses para importadores de bienes y servicios con obligaciones pendientes de pago por importaciones antes al 12 de diciembre de 2023.
Es una iniciativa, además, para crear y generar unos 54.000 empleos por año que, en 10 años, del 2023/24 al 2033/34, alcanzaría un total de medio millón de trabajadores formales a partir de la mayor producción que, dijeron, sobrevendría. En la actualidad, la cadena agroindustrial tiene 4,1 millones de puestos de trabajo, un 23% del empleo privado argentino. En esa década, además, serán casi tres millones de nuevos fletes de transporte de mercadería. Con un incremento por año en el gasto en fletes de hasta US$2291 millones, totalizaría unos US$14.000 millones en ese lapso.
De manera complementaria, apuntan a que el Gobierno también trabaje en una apertura de mercados, en eliminar otros impuestos distorsivos y en avanzar en leyes sobre biocombustibles, riego y seguros, entre otros temas.
En detalle, el trabajo explica cómo sería esa implementación del Bopreal del campo que se utilizó para saldar deudas con importadores y darle salida a dividendos de empresas (un total de US$10.000 millones). La primera acción sería “una baja inmediata de un tercio de los DEX a través del bono que permitiría el pago a cuenta de impuestos”. Además se aplicaría de manera decreciente durante los primeros cuatro años.
“Una aplicación decreciente durante los primeros cuatro años que se puede utilizar en cuotas para impuestos a partir del quinto año. Este bono estaría nominado en dólares, con la alternativa de ser indexado dólar linked o por inflación. En cuanto a los vencimientos serían: el 20% en 2029, otro 20% en 2030, un tercer plazo del 20% en 2031, otro 20% en 2032 y, el último 20%, en 2033″, detalla.
Según los datos de FADA, los beneficios de emitir un Bopreal para el campo son varios: “Amortigua impacto en la caja del Estado nacional, crece la recaudación por otros impuestos y mayor actividad económica, el productor recibe mayor ingreso, ya sea en moneda o Bopreal, hay incentivo a producir más, con impacto en exportaciones y empleo”.
Para la fundación, el impacto fiscal neto caja se compensa con el aumento de valor de producción. “En cuatro años, el costo fiscal de caja acumulado es de US$5494 millones, mientras que el aumento del valor de la producción es de US$21.381 millones”, aclara.
En relación a las provincias, siendo las retenciones un impuesto no coparticipable, se asegura que son “las grandes ganadoras, por impacto fiscal y de la actividad económica”, sobre todo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y, en menor medida, Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero.
En el mundo casi no existen las retenciones. En los países que se cobran, solo cuatro tienen un porcentaje mayor a 10: la Argentina, Bielorrusia, Costa de Marfil y Kazajistán. “Un simple ejercicio teórico: si la producción de granos de la Argentina hubiese crecido al mismo ritmo que Brasil en los últimos 20 años, produciríamos US$34.000 millones de dólares adicionales por año, un 66% más”, considera FADA.
Si bien LA NACION confirmó de altas fuentes de la Mesa de Enlace la propuesta para bajar retenciones, la Sociedad Rural Argentina (SRA) tomó distancia. “Desde la Sociedad Rural Argentina desmentimos oficialmente que se haya encargado un trabajo de ese estilo. Nosotros hace meses que le presentamos los informes de retenciones a todas las fuerzas políticas porque creemos que la Argentina tiene que funcionar si ese tributo”, dijeron.
Desde Coninagro, su presidente, Elbio Laucirica, reconoció que FADA presentó y explicó el proyecto al Consejo de la organización. Señalaron que “la entidad no emitió ninguna opinión sobre el mismo y luego será tratado en el próximo Consejo”. Insistieron: “Desde la entidad no se emite aun ninguna opinión al respecto”.