El tributo clave en el financiamiento provincial enfrenta críticas por su efecto cascada en precios y complejidad legal
En una reciente entrevista con Agrofy News Live, Diego Rubio, director de Lisicki Litvin & Asociados, abordó el impacto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el sector agropecuario. Un tributo provincial que ha generado controversia en provincias claves para el agro como Santa Fe y Córdoba.
«Estamos viviendo tiempos de cambio», puntualizó en primer lugar haciendo referencia a los derechos de exportación. Inmediatamente destacó que las empresas suelen tener un impacto grande de Ingresos Brutos en sus pagos mensuales.
Luego, Rubio destacó que, aunque en términos generales la actividad primaria está exenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la mayoría de las jurisdicciones. Existen excepciones en algunas provincias del norte, donde se aplica una alícuota mínima del 1,5% sobre los ingresos. Sin embargo, señaló una «pequeña trampa» en esta exención: la mera compra. Cuando se adquieren productos en una jurisdicción y se trasladan a otra, el impuesto actúa como una suerte de gravamen por la extracción de materia prima de una provincia a otra. Esta situación también afecta a las empresas exportadoras debido a la significativa carga tributaria que implica.
Además, Rubio enfatizó la complejidad procesal que enfrentan las empresas al defenderse de este impuesto. Si una empresa decide no pagar, debe recurrir a la justicia local, lo que implica costos adicionales y desafíos legales, convirtiendo a los Ingresos Brutos en un tributo particularmente complejo para las empresas.
Lo que sucede en el sector agropecuario también es que está experimentando una transformación, con empresas que amplían sus actividades hacia ámbitos industriales, comerciales y financieros. Cada una de estas actividades posee particularidades fiscales específicas. En este contexto, las empresas buscan optimizar procesos y reducir costos para mantenerse competitivas, siendo la carga impositiva una de sus principales preocupaciones.
«Lo que más se mira es el pago de impuestos, es lo que más consultas tenemos», señaló Rubio.
Rubio explicó que, para las provincias, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos representa su principal fuente de financiamiento. Dado que los derechos de exportación no son coparticipables, las provincias buscan otras vías de recaudación provenientes del sector agropecuario, como el impuesto inmobiliario rural.
Bajo este marco, dijo que hay subas más importantes que la inflación (117% en el último año) en el inmobiliario rural. «Hubo un aumento en la carga real sobre el sector agropecuario». Como ejemplo, Córdoba sacó un decreto que establece un diferimiento para el inmobiliario rural de aquellos que tuvieron aumentos superiores al 170%. «Efectivamente hubo un aumento en la carga del inmobiliario rural», señaló.
Por lo tanto, al analizar la carga fiscal sobre el agro a nivel provincial, es esencial considerar tanto el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como el inmobiliario rural y hasta las tasas que cobran los municipios.
Debate político y económico
En el marco de las discusiones sobre la reducción de retenciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, instó a los gobernadores a moderar la actualización de impuestos que, en última instancia, incrementan los precios de los productos. Rubio señaló que la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en una empresa puede alcanzar casi el 50% de los impuestos que paga, debido al «efecto cascada» que se refleja en los precios finales.
Esto tiene que ver con que no es solo una alícuota final, sino que en todo el proceso, un producto o servicio fue sumando ingresos brutos.
Esta situación no solo es perjudicial para la economía real por su magnitud, sino también por la dificultad de cuantificar el monto total abonado. «Es malo para la economía real, y es muy difícil cuantificar el monto que efectivamente se paga», señaló Rubio.
Sin embargo, eliminar este impuesto sin una reforma integral podría desfinanciar a las provincias, ya que existe un problema de fondo relacionado con la distribución de potestades tributarias en Argentina entre la Nación y las provincias. Rubio subrayó que este es un tema complejo, arraigado en la Constitución Nacional y en la Ley de Coparticipación Federal de 1978, que aún no ha sido debidamente debatido por los legisladores. Hasta que no se aborde esta cuestión de manera integral, no se vislumbra una solución clara.
Ver también: Caputo apuntó contra los gobernadores que pidieron quitar retenciones: “No vimos bajar Ingresos Brutos”
En conclusión, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos continúa siendo un tema de debate en Argentina, con impacto en múltiples sectores. Si bien es una fuente crucial de financiamiento para las provincias, su estructura y aplicación presentan desafíos significativos para las empresas.
Una reforma integral del sistema tributario y de coparticipación federal podría ser necesaria para equilibrar las necesidades fiscales de las provincias con la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario y demás actores de la economía.