El revés judicial en Rafaela reactiva el proceso de salvataje y deja a la cerealera a merced de nuevos oferentes.
La incertidumbre vuelve a sobrevolar la reestructuración de una de las empresas más emblemáticas del agro argentino.
Por segunda vez en menos de un año, la Justicia santafesina le dio la espalda al acuerdo concursal que Vicentin pretendía homologar para salir de la crisis financiera en la que se hundió en 2019. Esta vez, fue la Cámara de Apelaciones de Rafaela la que ratificó el rechazo dispuesto por el juez de primera instancia y dejó firme la apertura del llamado cram down, un mecanismo de salvataje que permite a terceros presentar propuestas para quedarse con la empresa.
El fallo, unánime y tajante, llega tras una serie de idas y vueltas judiciales. Primero, la Corte Suprema de Santa Fe había dejado sin efecto una sentencia previa que favorecía a la cerealera y ordenó a los camaristas dictar un nuevo pronunciamiento. La pelota volvió a Rafaela y, lejos de lo que esperaba la concursada, esta vez no hubo margen para la negociación.
La decisión de la Cámara no solo confirmó el rechazo al acuerdo preventivo, sino que dispuso que el juez de Reconquista reformule los plazos y active el cronograma del proceso de concurrencia. En otras palabras: se abre el juego para que nuevos actores -sean acreedores, grupos inversores o competidores del sector- puedan presentar alternativas para hacerse cargo de la compañía.
No es un dato menor. El cram down es una figura poco habitual en los procesos concursales argentinos y, por su diseño, busca evitar la quiebra en casos donde la firma deudora no logra consenso suficiente con sus acreedores. La apertura de esta etapa convierte a Vicentin en una especie de «empresa en vidriera», a la espera de que algún interesado intente tomar el timón y proponer un plan viable.
Este desenlace agita una vez más las aguas en el norte santafesino y en todo el corredor agroindustrial, donde el caso Vicentin sigue siendo símbolo de debate, suspicacias y enfrentamientos. Desde que en diciembre de 2019 la empresa se declaró en cesación de pagos, acumulando una deuda que supera los mil millones de dólares, su derrotero judicial y político ha sido tan complejo como controvertido.
El acuerdo rechazado, impulsado por los actuales controlantes de la firma, ya había sido cuestionado por varios acreedores, que lo consideraban inequitativo y funcional a sostener el mismo esquema que llevó a la crisis. Algunas presentaciones incluso hablaron de «fraude concursal» y «abuso de derecho», términos que el propio juez de la causa recogió en su resolución original de septiembre de 2023.
Para la empresa, en cambio, el fallo representa una amenaza. En su último recurso ante la Corte nacional, Vicentin había advertido sobre la «incertidumbre» que podría acarrear la apertura del cramdown, alegando que eso podría generar inestabilidad entre trabajadores, clientes, proveedores y eventuales oferentes. Sin embargo, la Justicia consideró que esa advertencia no justifica suspender un procedimiento previsto por ley y destinado, justamente, a ofrecer una salida alternativa a la parálisis.
En lo inmediato, la pelota vuelve al juzgado de Reconquista, que deberá establecer fechas precisas para la presentación de interesados y la evaluación de ofertas. Mientras tanto, el escenario es incierto: la empresa sigue operando parcialmente con acuerdos de fasón -es decir, prestando servicios de procesamiento a terceros-, pero arrastra conflictos internos, causas penales abiertas y un entorno financiero todavía frágil.
El reloj ya empezó a correr. Y el cramdown, lejos de ser un trámite administrativo, será una nueva prueba de fuego para el futuro de Vicentin, con impacto directo sobre la agroindustria, los mercados y miles de trabajadores que dependen de su suerte