El decreto de Milei disolvió el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, dejando a las provincias del NEA sin herramientas para prevenir catástrofes ambientales.
Con la firma del Decreto 463/2025, el presidente Javier Milei eliminó el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, una herramienta central en la lucha contra incendios forestales. El fondo, que funcionaba como fideicomiso, permitía financiar operativos de prevención, aviones hidrantes, logística y capacitación. Su desaparición generó una ola de preocupación, especialmente en las provincias del NEA, una región históricamente golpeada por la sequía y el fuego.
Desde el Gobierno nacional justificaron la medida en supuestas irregularidades detectadas por la SIGEN, que advirtió que de los $26.000 millones asignados entre 2022 y 2023, apenas $70 millones se destinaron directamente al combate de incendios. Sin embargo, no se ofrecieron explicaciones sobre por qué el propio Estado no ejecutó esos fondos ni qué mecanismos fallaron.
Una región desprotegida frente al cambio climático
El desmantelamiento del fondo llega en un momento crítico. Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones arrastran las secuelas de una de las peores crisis ambientales vividas entre 2021 y 2022, cuando más de un millón de hectáreas fueron consumidas por el fuego. La falta de lluvias y el cambio climático multiplican los focos ígneos, y la estructura local por sí sola no alcanza.
Ahora, con esta decisión, los gobiernos provinciales pierden respaldo financiero y logístico. Si bien el Sistema Nacional de Manejo del Fuego seguirá existiendo, ya no contará con recursos autónomos ni planificados, sino que dependerá del Ministerio de Seguridad, en una lógica reactiva más que preventiva.
Una motosierra que también arrasa con la prevención
El Fondo del Manejo del Fuego no es el primer programa ambiental que cae bajo la lógica de recorte del actual Gobierno. A principios de año, Milei ya había eliminado el FOBOSQUE, que financiaba la protección de bosques nativos. En ambos casos, los recortes afectan directamente a las capacidades del Estado para enfrentar los efectos del cambio climático.
Organizaciones como Greenpeace advierten que esta política deja al país expuesto ante una nueva temporada de incendios, con escasa preparación y sin planificación territorial. «El fuego avanza y el Estado retrocede», afirman.
Con la llegada del verano, el Norte argentino se prepara para nuevos episodios críticos. Pero esta vez, sin fondo de emergencia, sin aviones, sin previsión. La amenaza ambiental persiste, pero los recursos para combatirla desaparecen.