El sistema financiero celebra tasas históricas mientras la economía real enfrenta encarecimiento del crédito y crecientes tensiones en la previa electoral.
Argentina transita semanas de elevada tensión económica y política. La reciente suba de las tasas de interés interbancarias, que superaron el 90%, y de los rendimientos de plazos fijos, ya por encima del 60%, configura un escenario inédito en el que el sistema financiero se convierte en uno de los pocos beneficiarios directos. La inflación esperada para este año se ubica en torno al 25% según proyecciones oficiales, mientras el dólar oficial permanece bajo control del Gobierno. Sin embargo, el contraste con la economía real es evidente: las pymes enfrentan crecientes dificultades para acceder al crédito, el consumo se mantiene débil y la actividad muestra señales de enfriamiento.
Este panorama se produce en un contexto electoral decisivo. En septiembre se celebrarán elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y en octubre las nacionales, lo que convierte a los próximos meses en un período de alta volatilidad para los mercados y de máxima sensibilidad para la política.
El aumento de tasas responde en parte a la política monetaria contractiva que viene aplicando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde agosto, con el objetivo de absorber excedentes de pesos y evitar que se trasladen al mercado cambiario. Una de las medidas más relevantes ha sido la exigencia de encajes mínimos del 50% sobre los depósitos, un nivel sin precedentes desde la década del noventa.
La consecuencia inmediata es que los bancos se ven obligados a inmovilizar una gran porción de los depósitos recibidos, reduciendo su capacidad de prestar. Aun así, el sector financiero logra sostener altas tasas de interés para captar fondos, lo que garantiza un margen positivo en un contexto de inflación más baja que los rendimientos ofrecidos.
Este mecanismo, sin embargo, genera tensiones en la economía real. Las empresas, en particular las pymes, denuncian que la suba del costo del dinero está limitando su capacidad de financiarse, afectando tanto la producción como la posibilidad de sostener el empleo. En un país donde las pequeñas y medianas empresas representan cerca del 70% del empleo privado formal, la restricción crediticia adquiere relevancia macroeconómica.
El presidente Javier Milei vinculó la suba de tasas con la coyuntura electoral. En distintos discursos sostuvo que los mercados reaccionan ante la posibilidad de un triunfo opositor en los comicios de septiembre y octubre. Según su interpretación, la dinámica electoral influye directamente en las expectativas, generando una presión alcista sobre las tasas.
El mandatario utiliza la expresión “riesgo kuka” —acuñada por el economista Federico Sturzenegger— para referirse a la incertidumbre política asociada a un eventual regreso del kirchnerismo. De acuerdo con Milei, el escenario electoral condiciona a los agentes económicos y explica la actual volatilidad financiera.
No obstante, en los últimos días comenzaron a escucharse voces que señalan que las tensiones no responden únicamente a factores políticos, sino también a desequilibrios estructurales de la macroeconomía. Informes de consultoras privadas y bancos internacionales destacan que el esquema de tasas e inmovilización de liquidez difícilmente pueda sostenerse en el tiempo sin afectar la actividad productiva.
Sin ir más lejos, el banco estadounidense JP Morgan redujo en su último informe la estimación de crecimiento de la economía argentina. Si bien reconoció que el Gobierno logró bloquear en el Congreso un aumento jubilatorio impulsado por la oposición, destacó que la suba de tasas está generando una desaceleración del crédito y un enfriamiento de la actividad. El informe también hizo referencia al volumen de vencimientos de deuda en pesos que enfrenta el Tesoro en los próximos meses. Solo hasta las elecciones nacionales de octubre, las obligaciones ascienden a 80 billones de pesos.
El próximo miércoles deberán renovarse 8 billones de pesos, una cifra inferior a los 15 billones de la semana pasada, pero igualmente significativa. En esa oportunidad, el Gobierno se vio obligado a realizar una licitación adicional para absorber excedentes de liquidez que superaban los 2,6 billones de pesos. La licitación de la próxima semana será clave, ya que constituye la anteúltima instancia de financiamiento antes de los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, considerados una prueba decisiva para medir la fortaleza política de la actual administración.
Los encajes bancarios, que pasaron del 20% al 50% en pocas semanas, se convirtieron en el principal instrumento del BCRA para regular la liquidez. Informes privados, como el de la consultora 1816, señalan que ya existen más pesos inmovilizados en encajes que circulando efectivamente en la economía. Este fenómeno revela que la emisión monetaria no se ha reducido en la medida prometida y que, en consecuencia, fue necesario aplicar un ajuste sobre el sistema financiero para neutralizar el excedente. De este modo, uno de los mensajes centrales de campaña del oficialismo —el fin de la “maquinita de billetes”— aparece relativizado en la práctica.
La volatilidad en las tasas también generó episodios llamativos. Según operadores del mercado, el BCRA habría habilitado en determinados momentos una ventanilla de liquidez para que los bancos pudieran alcanzar los niveles mínimos exigidos de encaje al cierre de la jornada. En un solo día, las tasas de cauciones llegaron a oscilar entre el 2,5% y el 150%, una variación que refleja las tensiones diarias del sistema.
Más allá de la dinámica financiera, el costo del dinero afecta directamente a la economía real. Los créditos comerciales resultan prohibitivos para buena parte de las empresas, el consumo interno continúa estancado y la inversión privada se resiente. En paralelo, el dólar oficial comenzó a registrar un movimiento al alza, lo que sugiere que el margen para mantener el tipo de cambio “pisado” es cada vez más limitado. Esto abre interrogantes sobre el escenario posterior a las elecciones, cuando los incentivos para sostener políticas de contención artificial se reduzcan.
El factor político: denuncias de corrupción
En un contexto ya complejo en términos económicos y financieros, surgieron en las últimas semanas denuncias de corrupción que alcanzan a funcionarios y allegados al Presidente. Primero fueron los cuestionamientos por el “Caso Cripto Libra” y por presuntas irregularidades en compras del PAMI. Luego, la tragedia vinculada al consumo de fentanilo contaminado expuso al Ministerio de Salud a fuertes críticas por falta de controles.
El episodio más sensible, sin embargo, fue la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y amigo personal del presidente. En esas grabaciones se mencionan presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos que involucrarían a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei, hermana del mandatario. La filtración tuvo gran repercusión política. El Gobierno reaccionó desplazando a Spagnuolo y a otros funcionarios del área, aunque sin dar explicaciones sobre el contenido de los audios. La denuncia judicial de este caso fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que agregó un componente político al caso.
El oficialismo había hecho de la transparencia en la gestión uno de los ejes de su discurso electoral. Por eso, la aparición de denuncias de corrupción resulta especialmente sensible. La respuesta oficial hasta ahora se limitó a relativizar el impacto, atribuyéndolo al clima electoral, sin encarar una investigación profunda que despeje las dudas. El riesgo para el Gobierno es doble: en el plano institucional, porque erosiona la confianza en la administración pública; y en el plano político, porque debilita un pilar central de su legitimidad frente a la sociedad.
El escenario argentino combina factores económicos, financieros y políticos que, en conjunto, delinean un equilibrio frágil. El sistema financiero se beneficia de tasas extraordinarias y encajes elevados, mientras la economía real enfrenta restricciones severas. El Tesoro depende de un calendario de refinanciaciones exigente, y el Banco Central sostiene políticas de absorción de liquidez que parecen insostenibles en el largo plazo.
En paralelo, las denuncias de corrupción suman incertidumbre en el frente político y pueden tener impacto en el humor electoral. La combinación de tensiones económicas y cuestionamientos éticos configura un cuadro complejo para la administración actual.
En definitiva, la Argentina llega a las elecciones de septiembre y octubre en medio de un clima económico y político marcado por tasas récord, fuerte contracción monetaria y denuncias que golpean la credibilidad del Gobierno. El desafío inmediato será lograr que el Tesoro renueve la totalidad de sus vencimientos sin que ello genere mayor presión sobre las tasas ni incentive la dolarización. En el mediano plazo, la cuestión central será si el esquema actual de política monetaria puede sostenerse sin afectar de manera más profunda la actividad productiva.
A todo esto se suma el interrogante sobre la transparencia institucional. La capacidad del Gobierno para ofrecer respuestas claras frente a las acusaciones de corrupción será clave no solo para el resultado electoral, sino también para la estabilidad del sistema político.
La Argentina enfrenta así una coyuntura crítica: un sistema financiero fortalecido en el corto plazo, una economía real debilitada y un escenario político atravesado por la incertidumbre electoral y las denuncias judiciales. El desenlace dependerá, en buena medida, de cómo se resuelvan estas tensiones en los próximos meses.