Un grupo de acreedores granarios objetó judicialmente la propuesta de la corredora rosarina. Afirman que viola la Ley de Concursos y Quiebras y que el recupero sería incluso peor que en un escenario de quiebra.
El proceso de cramdown de Vicentin sumó un nuevo capítulo de tensión a menos de un mes de la fecha límite para definir si la agroexportadora logra un rescate o cae en la quiebra. En las últimas horas, un grupo de acreedores granarios presentó una objeción judicial contra la propuesta del Grupo Grassi, la primera que se formalizó en este tramo del concurso.
La presentación, realizada por el abogado Mateo Germán Schott en nombre de siete productores acreedores, sostiene que la oferta contiene cláusulas «abusivas y discriminatorias» que vulneran derechos básicos y podrían impedir su homologación. Según el escrito, el plan contempla un dividendo «claramente inferior» al que correspondería si se liquidaran los activos de Vicentin.
El punto más polémico es la llamada «propuesta residual», que incluye automáticamente a quienes no adhieran de manera expresa a ninguna de las opciones ofrecidas. En ese esquema, los acreedores cobrarían apenas el 40% de su crédito en diez cuotas anuales, con pagos simbólicos durante nueve años y un desembolso mayor recién en 2036. A esto se suma un interés del 1,2% anual en dólares, sin capitalización, a partir del segundo año.
De acuerdo con los cálculos de los demandantes, este formato implicaría una quita real de entre 93% y 97% del crédito, violando el principio que asegura un recupero no inferior al de la quiebra. «El plan castiga a quienes no se expresen a tiempo, forzándolos a aceptar la peor alternativa», advirtieron los productores.
La estrategia de Grassi buscaba diferenciarse con propuestas de alto atractivo, como recuperos de hasta el 200% para quienes acompañen con granos o financiamiento. Sin embargo, los acreedores objetantes remarcan que ese «premio» se contrapone con un castigo a los disidentes, lo que genera un trato desigual prohibido por la Ley de Concursos y Quiebras.
El conflicto golpea el corazón del plan de rescate, que cuenta con el apoyo de un fideicomiso integrado por más de 70 empresas productivas y acreedores. En paralelo, otros gigantes preparan sus ofertas: Bunge con Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas, y la alianza de Molinos Agro con Louis Dreyfus Company (LDC). Todos compiten por los activos estratégicos de Vicentin: plantas industriales en Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, además de terminales portuarias clave para el comercio exterior argentino.
El juez Fabián Lorenzini fijó el 31 de octubre como fecha límite para alcanzar las mayorías necesarias: más del 50% de los acreedores en número y dos tercios del capital adeudado. Previamente, el 24 de octubre se realizará una audiencia informativa en Reconquista.
El desenlace de esta disputa definirá no solo el destino de Vicentin, sino también el equilibrio de poder en el negocio agroexportador argentino. En juego están activos que podrían cambiar el mapa de la comercialización de granos y la posición del país frente a los grandes traders internacionales. Mientras tanto, la resistencia de los productores suma incertidumbre a un proceso ya atravesado por tensiones políticas, judiciales y económicas.