Tras cinco años de conflicto y deudas millonarias, Grassi SA y el consorcio Molinos Agro-LDC aseguran haber alcanzado las mayorías necesarias para quedarse con Vicentin SAIC. Ahora el juez Fabián Lorenzini deberá definir quién se queda con la emblemática agroexportadora santafesina.
Después de más de cinco años de incertidumbre, el futuro de Vicentin SAIC entra en su etapa final. Dos grupos empresariales -la corredora de granos Grassi SA y el consorcio integrado por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC)– anunciaron que cumplieron con las mayorías requeridas en el proceso de salvataje (cramdown) que definirá quién tomará el control de una de las agroexportadoras más importantes del país, caída con una deuda superior a US$1300 millones.
Según fuentes judiciales, el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso, será quien verifique la documentación y decida qué propuesta se impone. No se descarta que en los próximos días surjan impugnaciones cruzadas entre los grupos interesados, ya que ambos aseguran haber reunido los votos suficientes entre los más de 1700 acreedores, que incluyen productores, cooperativas, bancos locales e internacionales.
La rosarina Grassi SA comunicó al juzgado que «alcanzó y superó holgadamente la mayoría de conformidades requeridas«, solicitando la homologación judicial y la adjudicación de las acciones de Vicentin. «Agradecemos el apoyo de una enorme mayoría de acreedores que acompañaron nuestra propuesta para recuperar una compañía de la envergadura de Vicentin», indicó el directorio. Desde la firma destacaron que su plan apunta a honrar las deudas, reparar el daño a los productores y recuperar la capacidad operativa de la empresa, que fue símbolo del comercio de granos argentino.
Del otro lado, Molinos Agro y Louis Dreyfus Company informaron que también superaron las mayorías de acreedores y de capital, asegurando haber obtenido más de 1180 adhesiones y los dos tercios del capital verificado. «Los acreedores legítimos de Vicentin se han expedido de manera contundente en apoyo de nuestra propuesta, alcanzando casi el 70% de conformidades y sin riesgo de quiebra«, señalaron ambas empresas, que contaron con el apoyo de la Unión Agrícola de Avellaneda, además de bancos del exterior como IFC, BOFA y CACIB. Según el comunicado, el objetivo del consorcio es «poner en pie a la Nueva Vicentin», bajo una gestión que combine transparencia, continuidad y proyección internacional.
El caso Vicentin dejó una huella profunda en el agro argentino. Tras su colapso financiero a fines de 2019, el intento de expropiación del gobierno de Alberto Fernández en 2020 generó una fuerte reacción del sector y de la opinión pública. Desde entonces, la empresa atravesó un complejo proceso judicial que expuso las tensiones entre la política, las finanzas y la producción en el corazón del modelo agroexportador argentino.
Ahora, con las cartas sobre la mesa y el final del proceso a la vista, la decisión del juez Lorenzini marcará el desenlace de una historia que reflejó las luces y sombras del sistema agroindustrial nacional. Sea cual sea el ganador, el caso Vicentin quedará como un punto de inflexión para el futuro del comercio agrícola argentino, entre la necesidad de recuperar la confianza y el desafío de competir en un mercado global cada vez más exigente.