Tras meses de parálisis institucional y conflictos judiciales, el Gobierno oficializó parte del nuevo Consejo Directivo del INTA. El decreto incluye cinco designaciones clave, aunque todavía faltan dos nombramientos para alcanzar el quórum necesario.
Después de casi tres meses de idas y vueltas judiciales, el Gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo oficializaron, mediante el Decreto 786/2025, la designación de cinco nuevos vocales en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, tiene carácter retroactivo al 3 de septiembre y busca restablecer la gobernanza del organismo, afectado por una prolongada parálisis institucional.
Los nuevos vocales designados son Gustavo Tettamanti (Federación Agraria Argentina), Juan Manuel Bautista (Sociedad Rural Argentina), Jorge Dutto (Audeas, en representación de la Facultad de Agronomía), Martín Tuculet (Aacrea) y Juan Patricio Hutak (Coninagro). Todos ejercerán sus cargos por un período de cuatro años. Estas incorporaciones completan parcialmente el cuerpo colegiado encabezado por Nicolás Bronzovich, actual presidente del INTA, y Carlos Alberto Antonio Vera, vicepresidente.
Sin embargo, el Consejo Directivo aún no puede sesionar plenamente, ya que faltan dos designaciones para alcanzar el quórum: el representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el de la Facultad de Veterinaria de las universidades nacionales. Según fuentes cercanas a CRA, la demora se debe a cuestiones internas y no a diferencias políticas con el Gobierno. Se espera que la entidad defina a su candidato la próxima semana y eleve la propuesta para su oficialización por decreto.
El texto del decreto sostiene que «las personas propuestas reúnen las condiciones necesarias para cumplir eficientemente con las responsabilidades y funciones de los cargos vacantes de Vocales del Consejo Directivo del INTA», en una señal de respaldo a las entidades representadas.
La oficialización llega luego de una fuerte controversia institucional. A mediados de año, el Gobierno había impulsado el Decreto 462/2025, que transformaba al INTA en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, eliminando su autarquía y disolviendo el Consejo Directivo. El argumento era reducir el gasto público, con un «ahorro» estimado en $1400 millones y la baja de 115 cargos. Sin embargo, la medida fue rechazada por el Congreso y frenada por la Justicia, que restituyó la estructura original del instituto.
Esa parálisis afectó durante meses el funcionamiento del organismo, clave para la investigación y la extensión agropecuaria en todo el país. Proyectos técnicos, convenios de cooperación y líneas de experimentación quedaron suspendidos a la espera de definiciones políticas.
Con las nuevas designaciones, el Ejecutivo busca despejar la incertidumbre en el sector agropecuario y restablecer el normal funcionamiento del INTA, considerado una herramienta estratégica para el desarrollo tecnológico y la innovación productiva.
Fuentes vinculadas al agro destacaron que el avance «devuelve previsibilidad y institucionalidad» a un organismo que había quedado en el centro de la disputa entre el Gobierno y las entidades del campo. La expectativa ahora está puesta en que, una vez completado el Consejo, el instituto retome su ritmo operativo y recupere el liderazgo técnico que lo caracteriza dentro del sistema agroindustrial argentino.