Tras los anuncios del Gobierno nacional para asistir a las zonas afectadas, la Sociedad Rural Argentina pidió acelerar las obras hídricas y advirtió que cinco millones de hectáreas están comprometidas.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a reclamar por la falta de obras de infraestructura hídrica que permitan frenar o, al menos, mitigar los efectos de las inundaciones que afectan a la Cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires. Luego de los anuncios del Gobierno nacional para asistir a las zonas más comprometidas, la entidad que preside Nicolás Pino insistió en que estas tragedias deben prevenirse y no repetirse.
«El agua no puede ser una barrera. Hay que hacer las obras necesarias para que quien quiera y deba vivir en el campo pueda hacerlo con las condiciones básicas que correspondan«, expresó la SRA a través de sus redes sociales. Según la institución, son casi cinco millones de hectáreas las que se encuentran con algún grado de afectación, lo que representa un problema no solo productivo sino también social y económico. «Esto va a impactar no solo en lo productivo, sino también en la recaudación y en la macroeconomía del país. Hay productores que no pueden regresar a sus campos, los chicos no pueden ir al colegio, y muchas familias quedan aisladas sin poder acceder a atención médica», detallaron.
Desde la entidad señalaron que mantienen contacto permanente con delegados y directores en las zonas más afectadas, y que a nivel nacional se conversa casi semanalmente con las autoridades sobre el tramo pendiente del Río Salado, cuya obra comenzó recientemente. «Tratamos de hacer seguimiento de los avances, no solo con el gobierno de la provincia, sino también con las intendencias«, explicaron. Si bien reconocen que «en silencio también se trabaja y se obtienen resultados«, advirtieron que el ritmo de las obras sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
Por su parte, el Gobierno nacional anunció un operativo de emergencia para asistir a las localidades más afectadas por los excesos de agua. En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich informaron que se pondrán a disposición todos los recursos necesarios para abrir caminos, garantizar la asistencia a las familias aisladas y coordinar la ayuda con los municipios más comprometidos. Bullrich precisó que se instalará un centro de operaciones en 9 de Julio, desde donde se coordinarán las tareas junto a los intendentes de General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.
Entre las medidas anunciadas, se destaca el envío de máquinas viales para limpieza de zanjas, alcantarillas y drenajes, así como la instalación de puentes provisorios en los caminos rurales más afectados. Además, el Ministerio de Defensa sumará equipamiento para movimientos de suelo y fuerzas federales colaborarán en las tareas de asistencia y conectividad. «El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente. Por eso el sábado los ministros vamos a ir a 9 de Julio a ponernos al frente del Comité de Emergencia«, afirmó Bullrich.
En la Rural celebraron las acciones inmediatas, pero reiteraron que la solución de fondo depende de obras estructurales largamente postergadas. «El agua no puede ser una barrera. La producción, las escuelas y los caminos rurales dependen de obras que se postergan desde hace décadas«, insistieron desde la entidad.
Las inundaciones en la Cuenca del Salado vuelven a mostrar una deuda histórica del Estado con el interior productivo, donde la falta de planificación hídrica expone cada año a miles de familias rurales y a una de las zonas más productivas del país. «Hay que hacer las obras para que se pueda vivir en el campo«, concluyó la Sociedad Rural, poniendo en palabras lo que buena parte del sector siente: que el agua no solo inunda los campos, sino también la paciencia de los productores.