El Gobierno eliminó casi mil normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una reforma que busca simplificar controles y modernizar el sector.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dio un paso histórico con la publicación de una resolución que deroga 973 normas y redefine el rol del organismo, en el marco de una reforma profunda impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) junto al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El objetivo, según el Gobierno, es modernizar la regulación, eliminar trabas burocráticas y devolver la libertad a la industria vitivinícola.
Durante décadas, el sector estuvo regido por más de 1.200 disposiciones dispersas, muchas ya obsoletas. Con la creación de un nuevo Digesto Normativo, se busca ordenar, simplificar y actualizar el marco legal de una de las principales economías regionales del país. «Con esto damos lugar a un régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia», destacó la SAGYP.
El cambio más relevante es que el INV dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo -como la cosecha, la elaboración o el transporte- para concentrarse en el control del vino terminado. De esta forma, ya no habrá inspecciones presenciales en bodegas, lo que implica unas 5.000 fiscalizaciones menos por año. También se eliminan las Declaraciones Juradas semanales, las multas por demoras y los permisos de tránsito, que antes sumaban más de 140.000 trámites anuales.
A partir de ahora, las certificaciones de origen, añada y varietal serán optativas, salvo en los casos de exportación donde los países de destino las requieran. Según la SAGYP, el nuevo esquema permitirá agilizar procesos y reducir costos sin resignar los estándares de inocuidad que exige el mercado.
El ministro Federico Sturzenegger celebró la medida al afirmar que «se deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola». En su análisis, «el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo, y ahora se enfocará exclusivamente en garantizar que el vino sea apto para consumo». Argentina produce 900 millones de litros de vino por año, es el quinto productor mundial y exporta por 800 millones de dólares anuales. Pero, según el ministro, «el consumo global de vino cae y los gustos cambian; por eso la industria necesita flexibilidad y libertad para adaptarse».
La reforma también busca cerrar espacios a la discrecionalidad y la corrupción, limitando la intervención de inspectores solo al análisis del producto final. «Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción», sostuvo Sturzenegger.
Para las bodegas, la medida implica una reducción significativa de cargas administrativas y costos, una demanda que el sector venía planteando desde hace años. «La mayoría de las bodegas no tiene problemas, pero igual eran tratadas como sospechosas. Ya bastantes dificultades tiene el negocio como para que el Estado complique más las cosas», expresó el funcionario.
Si bien la simplificación normativa es bienvenida, algunos analistas advierten que será clave mantener los controles de calidad y trazabilidad que posicionaron al vino argentino en los mercados internacionales más exigentes.
La reforma del INV representa un punto de inflexión: menos papeles y más libertad para producir, en un contexto en el que el agro argentino busca recuperar competitividad y reforzar su presencia global. El desafío será demostrar que la desregulación también puede ser sinónimo de calidad y crecimiento sustentable.