El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en tres provincias afectadas por inundaciones, sequías y granizo, con el objetivo de asistir a los productores y sostener la actividad en un año marcado por fenómenos extremos.
En medio de un año complejo para el sector rural, el Gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para zonas de Buenos Aires, Río Negro y Entre Ríos, afectadas por inundaciones, sequías y fenómenos meteorológicos severos. La medida, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, fue publicada este martes en el Boletín Oficial y surge tras el análisis técnico realizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA) en su reunión del 15 de octubre pasado.
En la provincia de Buenos Aires, el Gobierno convalidó el decreto 2452/2025, que prorroga el estado de emergencia desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026. La medida alcanza a los partidos de Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, donde el anegamiento de campos, la pérdida de caminos rurales y la interrupción de la logística agropecuaria afectaron fuertemente la actividad durante las últimas semanas. El decreto incluye a las explotaciones rurales más comprometidas, entre ellas las circunscripciones II a XII de Bolívar, II a XV de 9 de Julio, II a XI de Carlos Casares y la VIII de Tapalqué.
El Ministerio recordó que los productores deberán acreditar su condición de afectados mediante un certificado provincial, requisito indispensable para acceder a los beneficios previstos por la Ley 26.509, que contempla prórrogas impositivas, créditos blandos y alivio fiscal. Además, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a las entidades bancarias nacionales a facilitar la aplicación de estas medidas de apoyo financiero.
En Río Negro, se homologó el decreto provincial 760/2025, que prorroga la emergencia por sequía desde el 1° de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026 para las explotaciones ganaderas de los departamentos Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y Nueve de Julio. También se recomendó ampliar la medida a Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo, donde persiste la falta de lluvias. En el caso de Entre Ríos, se homologó el decreto 2522/2025, que declara la emergencia agropecuaria desde el 5 de mayo de 2025 hasta el 4 de mayo de 2026 para las explotaciones citrícolas del distrito Mandisoví, en Federación, afectadas por granizo y vientos intensos que provocaron pérdidas significativas.
En paralelo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció una asistencia equivalente a 1,5 millones de litros de gasoil para 25 municipios bonaerenses con el fin de reparar caminos rurales, drenajes y accesos a establecimientos. Según explicaron desde la cartera, la distribución se realizará en función de la superficie afectada, de acuerdo con imágenes satelitales de la Conae del 9 de noviembre, priorizando las zonas más comprometidas. Entre los municipios beneficiados se encuentran Bolívar, 9 de Julio, Pehuajó, 25 de Mayo, Carlos Casares, Las Flores, Lincoln, Roque Pérez y Saladillo, entre otros.
La reunión de la Comisión Nacional de Emergencias Agropecuarias contó con la participación de organismos nacionales como el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, y los ministerios del Interior y de Economía, junto a representantes de las principales entidades rurales –CRA, SRA, Coninagro, CAME y FONAF– y funcionarios provinciales.
El Ministerio de Economía destacó que la resolución busca garantizar la continuidad de las explotaciones afectadas, otorgando previsibilidad y alivio financiero a productores que enfrentan pérdidas severas por eventos climáticos extremos. En un año donde las inundaciones en la región pampeana y la sequía en el norte patagónico golpearon con fuerza, el Gobierno intenta coordinar esfuerzos con las provincias para asegurar el acceso a financiamiento, sostener la producción y preservar el empleo rural.
Con un clima cada vez más impredecible, la declaración de emergencia se presenta como una herramienta de contención, aunque los productores advierten que los daños estructurales superan los alcances de la asistencia. El desafío, coinciden en el sector, será avanzar en políticas de prevención, infraestructura hídrica y gestión climática para evitar que estos fenómenos, cada vez más frecuentes, sigan dejando al campo en emergencia.