A casi dos semanas del anuncio de Patricia Bullrich, la asistencia nacional llegó a algunos distritos, pero otros aseguran que los recursos aún no aparecen y cuestionan que la maquinaria arribe sin operarios ni logística.
A casi dos semanas del anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el envío de fondos y maquinaria para asistir a los municipios bonaerenses afectados por las inundaciones, el panorama es desparejo. Mientras en algunos distritos la ayuda empezó a moverse -aunque reconocen que es insuficiente-, en otros aseguran que todavía no llegó nada y reclaman que el Gobierno envíe no solo las máquinas, sino también operarios, logística y repuestos.
El compromiso oficial incluía $2100 millones para municipios en emergencia hídrica y el despliegue de equipos viales para recomponer caminos rurales, esenciales para el acceso productivo, sanitario y escolar en una región donde el agua dejó miles de hectáreas bajo anegamiento.

En 9 de Julio, gobernado por María José Gentile (PRO-Somos), la asistencia comenzó a verse en el territorio. Llegaron maquinaria y operarios del Ejército, lo que permitió avanzar en accesos clave como el de La Niña, una de las zonas más críticas.
Pero la realidad es distinta en Carlos Casares, distrito a cargo de Daniel Ángel Stadnik (Frente de Todos). Allí aseguran que siguen tramitando subsidios, entre ellos uno equivalente a 85.000 litros de combustible, y que esperan la llegada de una motoniveladora coordinada con Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
La presidenta de la Sociedad Rural de Carlos Casares, Erica Moro, valoró el primer acercamiento con Nación y la reunión que mantuvieron con Bullrich. Sin embargo, en los encuentros técnicos posteriores se encendieron alarmas: las 13 máquinas previstas para distribuir entre los municipios no serían asignadas según pedido específico, sino tras una inspección oficial de cada tramo. Para los productores, ese esquema es lento e insuficiente frente a caminos devastados desde principios de año.

A esto se sumó un punto que generó malestar: las máquinas llegarían sin personal ni viáticos, lo que implicaría que los municipios deberían cubrir combustible, alojamiento y operarios. «La máquina pelada«, sintetizó Moro, señalando que muchos intendentes no pueden absorber esos costos.
Desde el Gobierno, Hardie defendió el esquema y pidió «un esfuerzo conjunto». Aseguró que Nación aporta la maquinaria y los operarios, pero que los municipios deben garantizar lo básico: combustible y alojamiento. Dijo que 9 de Julio aceptó el acuerdo, mientras que Casares rechazó la oferta por falta de fondos. «Todos tenemos que colaborar para recuperar la transitabilidad de los caminos rurales», sostuvo.
Mientras tanto, otros distritos ya empezaron a recibir equipos: una retroexcavadora trabaja en General Viamonte, y en los próximos días llegarán máquinas a 25 de Mayo, Bolívar y Bragado para intervenir caminos productivos y accesos escolares.
El fondo económico, que al principio se creía limitado a pocos municipios, finalmente se repartiría entre más de 20 localidades en emergencia, lo que diluye la magnitud de los montos por distrito.
La situación productiva sigue siendo crítica. Carlos Casares tiene 250.000 hectáreas, de las cuales unas 120.000 permanecen bajo agua. «Hay caminos que son directamente canales», describió Moro, quien advirtió que sin infraestructura vial será imposible recuperar la producción incluso si el clima mejora en verano.
En 9 de Julio, en cambio, parte del trabajo ya se ve en los accesos. Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural local, confirmó que hace meses hay maquinaria provincial interviniendo caminos y que recientemente arribaron equipos nacionales con operarios. Aun así, reconoció que «son pocas, siempre van a ser pocas», y que las reparaciones actuales no garantizan durabilidad por la persistencia de la emergencia hídrica.
Pese a los desacuerdos, los dirigentes rurales de ambos partidos destacaron la coordinación entre Nación, Provincia y municipios, aunque admiten que los tiempos oficiales chocan con la urgencia del territorio. Todo dependerá, concluyen, del clima del verano: si mejora la sequedad del suelo, la región podría empezar a recuperarse -pero solo si la infraestructura vial se normaliza a tiempo.

