La Argentina firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación aduanera que promete agilizar exportaciones y mejorar la trazabilidad, pero reabre el debate sobre retenciones, soja y competitividad regional.
La reciente firma del acuerdo de cooperación aduanera entre la ARCA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) llega en un momento clave para la región, donde América Latina se consolida como proveedor estratégico de alimentos y minerales críticos. La pregunta para el lector argentino es directa: ¿cómo queda posicionada la Argentina frente a Brasil, Uruguay, Paraguay y la presión de Washington en el mercado de soja?
El convenio, rubricado en Washington por Juan Pazo y autoridades de la CBP, apunta a profundizar la modernización, digitalización y automatización de los procesos aduaneros. Para el agro, esto se traduce en menos tiempos logísticos, mayor eficiencia en exportaciones y una mejora en la trazabilidad, un aspecto cada vez más exigido por compradores internacionales. También consolida el camino hacia una Aduana 100% digital, sin papeles ni trámites presenciales.
Pero detrás de los avances tecnológicos aparece el costado político. Como adelantaron fuentes del sector, el acuerdo incluye mecanismos de intercambio de información sobre el mercado de soja, un punto sensible en un contexto donde los farmers estadounidenses buscan evitar que la Argentina gane participación en China. El fugaz esquema de «retenciones cero» aplicado en septiembre -y que duró menos de tres días- generó ruido en Washington, justo en plena negociación por el swap y por nuevas líneas de financiamiento. Según fuentes vinculadas al funcionamiento de ARCA, Estados Unidos podría solicitar alertas anticipadas ante cambios impositivos que afecten su competitividad agrícola.
El pacto se enmarca, además, en un acuerdo más amplio difundido por la Casa Blanca, donde ambos países se comprometen a cooperar en minerales críticos y a «estabilizar el comercio mundial de soja«. Un capítulo que vuelve a encender la competencia regional: mientras Brasil consolida su liderazgo exportador con fuertes inversiones en biotecnología y agricultura digital, y Uruguay avanza con certificaciones de sustentabilidad, Argentina todavía lidia con la brecha cambiaria, la volatilidad de las retenciones, la presión sobre el dólar soja y un sistema logístico que reclama modernización.
Una parte de esa transformación se financiará con los préstamos ya aprobados: USD 1.200 millones del BID destinados a reformas tributarias y USD 300 millones del Banco Mundial para mejorar la transparencia y automatizar procesos fiscales y aduaneros. Estos programas apuntan a simplificar trámites, acelerar controles y ofrecer información más clara a los contribuyentes, algo que el sector agroexportador considera clave para ganar competitividad frente a los vecinos.
Sin embargo, persisten dudas puertas adentro. Aunque el canciller Pablo Quirno sostiene que la Argentina mantiene su soberanía impositiva, en algunos segmentos del agro ven con recelo la influencia de Estados Unidos en decisiones que afectan directamente al negocio, especialmente en un mercado donde cada punto de retenciones puede definir la diferencia entre ganar o perder frente a Brasil o Estados Unidos.
El nuevo acuerdo deja una conclusión clara: la Argentina suma herramientas para modernizar su comercio exterior y reducir trabas que hace años restan competitividad. Pero también deberá equilibrar oportunidades y condicionamientos, en un escenario global donde la soja supera los USD 400 la tonelada y donde cada movimiento -desde la logística hasta la política tributaria- impacta en el tablero regional.