Las lluvias volvieron a exponer el deterioro de los caminos rurales bonaerenses. Productores alertan que la falta de mantenimiento frena la siembra y encarece la logística.
Claramente, el sistema municipal encargado del mantenimiento de los caminos rurales bonaerenses está colapsado. Las lluvias de 2025 no hicieron más que confirmar un deterioro que los productores vienen denunciando desde hace años: la mayor parte de lo recaudado por la tasa vial se destina a resolver problemas urbanos y no a garantizar la transitabilidad en la zona productiva. El resultado es visible después de cada tormenta: caminos destruidos, maquinaria varada y lotes inaccesibles.
Juan Balbín, productor de General Villegas, pone el problema en palabras directas: «La tasa vial no es un impuesto; es un canon por un servicio. Si lo recaudado se usa para otra cosa, es una malversación de fondos«. Y agrega un dato que hoy se repite en distintas regiones: «En muchos campos del centro de Buenos Aires se podrían sembrar granos gruesos, pero esa superficie se convirtió en un yuyódromo porque no podemos entrar con las máquinas. Es un pantano».

El contraste entre inversión privada y abandono estatal es evidente. «Los productores estamos comprando sembradoras de 400.000 dólares, pero tenemos que trasladarlas por caminos que están igual o peor que hace 50 años», compara Balbín. Cada jornada perdida por intransitabilidad se traduce en menos producción, más costos logísticos y menor competitividad para un agro que ya enfrenta problemas como retenciones, brecha cambiaria y demoras en infraestructura.
Sin embargo, no todo es fracaso: Balbín menciona el caso de un consorcio de caminos administrado por productores de dos cuarteles de su partido, que funciona con eficiencia y responde rápidamente ante las necesidades. Para él, el modelo confirma que el problema no es la falta de recursos, sino la ausencia de un sistema claro, controlado y sostenido en el tiempo. «En infraestructura, Argentina siempre actúa después de la catástrofe, pero nunca en la prevención», resume.

Por eso impulsa una propuesta que empieza a ganar espacio entre entidades rurales: que el destino de la tasa vial figure en las plataformas de los partidos políticos, con un porcentaje obligatorio destinado al mantenimiento de caminos. «La clave es cambiar el sistema y definir quién será responsable hacia adelante», sostiene. Su idea incluye un esquema mixto donde los consorcios de productores, con representación de las localidades y supervisión profesional, administren parte de la recaudación dentro de un plan integral por partido que contemple cuencas, escurrimientos y necesidades productivas.
Balbín lo sintetiza con crudeza: cuando un camino ya está bajo agua, «poco puede hacerse». La solución no pasa por improvisar urgencias, sino por planificar a mediano y largo plazo, con reglas claras y fondos afectados realmente al campo. Porque sin caminos rurales transitables, el agro argentino -por más tecnología o potencial que tenga- no puede siquiera salir de la tranquera.

