En Diputados, bloques opositores reclamaron al Gobierno información precisa sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos y advirtieron que deberá pasar por el Congreso.
En una reunión informativa cargada de tensión política, la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados debatió el incipiente marco del acuerdo comercial que el Gobierno negocia con Estados Unidos, en un clima marcado por reproches, pedidos de informes y advertencias sobre su alcance institucional y económico. La oposición, encabezada por Tomás Ledesma, presidente de la comisión, reclamó que el Ejecutivo explique «con claridad y formalidad» los puntos del entendimiento, y aseguró que por su contenido en materia aduanera, comercial y jurídica deberá ser tratado por el Congreso.
Desde el arranque, la ausencia de funcionarios oficiales generó molestia. Ledesma planteó su «preocupación institucional» ante la negativa del Gobierno a presentarse, algo que -según marcó- dificulta evaluar las implicancias de un acuerdo que, para parte del arco político y productivo, podría modificar reglas estructurales del comercio exterior argentino.
Entre los expositores invitados, José Tamboronea, referente de ADIMRA, fue contundente: «Somos dos países más competitivos que complementarios; hacemos prácticamente lo mismo, pero con niveles de desarrollo industrial muy distintos». Advirtió sobre el acceso preferencial que tendría EE.UU. en sectores sensibles como químicos, maquinaria, medicamentos y tecnología médica, y señaló que al país le falta una política industrial seria para no quedar rezagado. Su colega, José Luis Cintolo, reforzó el mensaje al sostener que Argentina «se está abriendo, pero competir con los número uno del mundo se hace muy difícil si no se protege el tejido productivo nacional».
En la misma línea, el abogado y exsubsecretario Martín Schapiro relativizó la idea de un acuerdo comercial tradicional y habló de un entendimiento «con márgenes de decisión soberana que exceden lo puramente comercial«. Incluso vinculó las negociaciones al vínculo financiero con EE.UU., al que calificó como «opaco», y alertó que Argentina podría estar encarando el proceso «de la peor manera posible».
La sesión también tuvo lugar para advertencias en materia energética y estratégica. Natalia Stankevicius, exfuncionaria de la CNEA, puso el foco en el uranio, alertando que un esquema poco controlado podría replicar la actual situación del litio, donde -según sostuvo- «no hay un control real sobre las toneladas exportadas».
Desde el sector agropecuario, el exsubsecretario Javier Patiño aportó datos duros sobre la relación bilateral: «El 21% de nuestras exportaciones a EE.UU. son agroindustriales, mientras que solo el 1,6% de lo que importamos es agro. Para nosotros lo agro pesa mucho más que para ellos». También cuestionó la falta de definiciones sobre temas clave como la carne, prácticamente ausente del documento en discusión.
Ariel Martínez, exsubsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, advirtió sobre las asimetrías económicas entre ambas naciones y pidió al Gobierno que informe a la oposición porque «son acuerdos que trascienden gestiones y comprometen el futuro productivo del país».
Las miradas geopolíticas también se hicieron sentir. El investigador Bernabé Malacalza alertó que las negociaciones implican un «compromiso político anti China y anti Mercosur», y destacó que no se trata de un clásico acuerdo de libre comercio, sino «de comercio y regulación«, con implicancias más profundas.
Durante el tramo legislativo, la diputada Julia Strada (UP) afirmó que «no hay reciprocidad: EE.UU. tendría más derechos que obligaciones, y Argentina más obligaciones que derechos». Incluso vinculó el acercamiento bilateral con el swap chino y con el rol financiero de Scott Bessent, al sostener que el acuerdo sería «el precio por sostener un dólar barato«. Aclaró que su espacio no rechaza el comercio con EE.UU., sino «una política concesiva que entregue soberanía sin recibir nada a cambio«.
Su compañera Victoria Tolosa Paz pidió que el oficialismo explique beneficios concretos, y remarcó que el contexto global «va rumbo a la reindustrialización y al proteccionismo», por lo que un acuerdo así «parece ir a contramano del mundo«.
Por parte del oficialismo, solo intervino el libertario Santiago Pauli, quien defendió abiertamente la posibilidad de avanzar hacia un tratado de libre comercio. Consideró que «el ALCA fue una oportunidad perdida» y que Estados Unidos es «un socio que puede mejorar la calidad de vida de los argentinos». También apuntó contra las críticas al swap con China, cuestionando la falta de coherencia en algunos planteos opositores.
La reunión cerró con la lectura, por parte de Sabrina Selva (UP), de una carta dirigida al presidente de Diputados, Martín Menem, en la que se exige información detallada sobre el acuerdo. El mensaje final fue inequívoco: la oposición quiere transparencia y debate parlamentario antes de que el Gobierno avance en una negociación que, según evalúan, podría reconfigurar la política comercial argentina y redefinir su posición entre Estados Unidos, China y el Mercosur.