La prórroga alcanza a múltiples distritos afectados por más de 5,8 millones de hectáreas bajo agua y habilita beneficios impositivos para productores en crisis.
La provincia de Buenos Aires atraviesa una de las situaciones más graves de los últimos años por las inundaciones que afectan a buena parte de su territorio productivo. Según el último relevamiento de Carbap, correspondiente a noviembre, hay 5.800.000 hectáreas comprometidas, con zonas donde el exceso hídrico paralizó labores, destruyó caminos rurales y amenaza con dejar improductivas extensas áreas agrícolas.
En este contexto, el Ministerio de Economía oficializó la prórroga de la emergencia agropecuaria hasta el 28 de febrero de 2026, una medida que permitirá a los productores acceder a beneficios impositivos y facilidades administrativas para mitigar el impacto de la crisis. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1974/2025, que renueva el estado de emergencia para explotaciones afectadas entre el 1° de septiembre y fines de febrero.
El alcance territorial de la medida es amplio: incluye circunscripciones de los partidos de 25 de Mayo, Saladillo, Bragado, Veinticinco de Mayo, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar, todos duramente golpeados por el avance del agua. En muchos de estos distritos, los anegamientos se extienden desde hace meses, complicando tanto la siembra como la planificación de la campaña 2026.
Carbap advirtió que más de 1.500.000 hectáreas agrícolas presentan un riesgo muy alto de quedar improductivas este año. El cálculo es contundente: si esa superficie se destinara bajo una relación de 60 % soja y 40 % maíz, estarían en juego USD 2.000 millones que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026. La entidad ruralista alertó que las pérdidas no solo afectarían a productores, sino también a proveedores, transportistas y a las cadenas industriales ligadas al agro.
La prórroga de la emergencia surge de la reunión del 20 de noviembre de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, donde se evaluó la situación provincial y se recomendó ampliar y extender la declaración. Con esta medida, los productores podrán solicitar postergaciones o exenciones impositivas, además de otros alivios previstos en la ley.
Para acceder a los beneficios, quienes se encuentren afectados deberán presentar un certificado oficial emitido por la autoridad competente de la provincia, que confirme que sus predios están efectivamente inundados o dañados por el exceso hídrico. La burocracia suele ser un obstáculo para muchos establecimientos, pero en este caso el Ministerio insistió en la urgencia del trámite para evitar mayores perjuicios en una campaña ya marcada por la incertidumbre climática.
Mientras tanto, el agua sigue dominando el paisaje productivo bonaerense. El sector espera que la prórroga alivie, al menos parcialmente, una situación cuyo impacto económico ya se mide en millones de dólares y cuya recuperación dependerá tanto de las decisiones oficiales como de la evolución del clima en los próximos meses.