A pesar de la reunión del Consejo de Mayo realizada ayer y de la conferencia que brindó hace instantes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno aún no difundió el texto definitivo del proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso para las Sesiones Extraordinarias.
Ese vacío abrió una ventana de oportunidad que la Sociedad Rural Argentina (SRA) no dejó pasar: la entidad presentó formalmente su propia propuesta para incluir modificaciones específicas al régimen laboral del campo, un punto que hasta ahora no tenía un capítulo concreto dentro de la reforma.
“La actividad agropecuaria no es marginal: tiene ritmos, costos y desafíos propios que requieren reglas diferenciadas”, advirtieron desde la conducción de la SRA, al pedir que el sector “no quede afuera del debate” y que se avance en una reforma “moderna y equilibrada”.
El eje central del planteo es actualizar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario (Ley 26.727) con el fin de “reducir la informalidad, ampliar derechos y disminuir costos para empleadores y trabajadores”, según detalló la entidad.
Los puntos clave que propone la SRA
Según el documento remitido al Ejecutivo, la entidad pide:
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Eliminar la responsabilidad solidaria entre dueños de tierra y arrendatarios. Afirman que hoy genera costos y riesgos desproporcionados para quienes solo aportan la tierra o la maquinaria.
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Eliminar la figura del “trabajador permanente discontinuo”. Argumentan que la naturaleza estacional del agro vuelve esa categoría impracticable y costosa.
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Establecer un período de prueba de ocho meses, para evaluar con mayor previsibilidad las aptitudes antes de formalizar la relación laboral.
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Negociación salarial directa entre el sindicato y la Mesa de Enlace, sin intervención del Estado, para adecuarla mejor a la realidad del sector.
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Crear un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que financie indemnizaciones y dé previsibilidad a los costos laborales.
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Actualización “razonable” de créditos laborales, para evitar —según la entidad— fallos “desproporcionados”.
Impactos esperados
Desde la SRA señalan que estos cambios podrían:
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Aumentar la inversión y el empleo estacional, gracias a un marco más previsible.
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Reducir la informalidad, al simplificar obligaciones y costos.
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Bajar la incertidumbre sobre indemnizaciones, mediante el FAL y nuevas reglas de actualización.
Mientras el Gobierno termina de redactar su proyecto, el sector rural busca dejar su sello en una reforma que promete generar debate fuerte dentro y fuera del Congreso.