El Consejo Agroindustrial Argentino llevó al Senado una propuesta técnica para modificar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y evitar que bodegas, plantas alimenticias y fabricantes de maquinaria queden excluidos del nuevo marco laboral.
En plena discusión por la reforma laboral que el Gobierno prevé negociar durante el verano, la agroindustria busca no quedar relegada. Esta semana, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó ante los jefes de bloque del Senado de la Nación una propuesta formal para introducir cambios en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incluido en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral.
El planteo apunta a corregir exclusiones que, según advierten desde el sector, afectan a un grupo sustancial de empresas agropecuarias y agroindustriales, especialmente en las economías regionales. El objetivo, remarcan, es lograr un régimen más federal, que efectivamente promueva empleo e inversión productiva.
Un esquema que vuelve a dejar sectores afuera
El CAA -que nuclea 63 cámaras y 36 cadenas de valor, responsables de casi el 58 % de las exportaciones argentinas– sostiene que la redacción actual del RIMI repite un escenario de desprotección ya observado en otros regímenes de incentivo.
Según el documento elevado al Senado, bodegas, plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, instalaciones de tratamiento y acondicionamiento de semillas, frutas y legumbres, molinos, fábricas de molienda de girasol y la industria de maquinaria agrícola quedarían fuera de los beneficios previstos.
Desde el espacio empresario señalan que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya excluye a la agroindustria, dejando fuera del marco legal a cerca del 18 % del PBI y al 65 % de las inversiones productivas anuales. Limitar ahora el RIMI exclusivamente a PYMEs, advierten, profundiza ese vacío.
Cambios técnicos con impacto productivo
Ante este panorama, el Consejo propuso modificar los artículos 175 y 177 del proyecto. El punto central es eliminar las restricciones que limitan el acceso al régimen solo a micro, pequeñas y medianas empresas (Tramo 2), para que cualquier empresa agropecuaria o agroindustrial pueda aplicar si realiza inversiones productivas significativas.
Además, sugieren crear una nueva categoría de inversión destinada a empresas que no estén clasificadas como PYMEs. Para ese segmento, el CAA propone un piso mínimo de inversión de u$s 30 millones como condición para acceder a los beneficios.
Un debate clave para el interior productivo
Con la discusión legislativa prevista para febrero, desde la agroindustria buscan instalar el debate antes de que el proyecto avance. El mensaje es claro: sin un esquema inclusivo, el nuevo régimen laboral corre el riesgo de desalentar inversiones estratégicas, especialmente en el interior del país, donde la agroindustria es motor de empleo, exportaciones y desarrollo regional.